Ciudad de México.– La detención del periodista mexicano Julio “El Profe” Ibáñez en Sudáfrica ha escalado a un conflicto mediático y político, luego de que el analista deportivo David Faitelson lanzara un duro reclamo contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por la falta de intervención en el caso.
El comunicador de TUDN cuestionó abiertamente el actuar de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) encabezado por Roberto Velasco Álvarez, al considerar que ha sido insuficiente el apoyo para Ibáñez y su compañero, el camarógrafo Daniel García, quienes enfrentan un proceso legal en el país africano desde hace casi tres semanas.
A través de redes sociales, Faitelson calificó como “una verdadera vergüenza” la aparente pasividad de las autoridades mexicanas ante la situación de los periodistas, quienes según su versión han sido tratados como delincuentes pese a encontrarse realizando labores informativas.
“Julio Ibáñez y Danny García… llevan casi 20 días en el infierno del sistema judicial de ese país”, expresó el comentarista, quien incluso lanzó un mensaje directo a la mandataria federal: “Que Dios me libre… de depender, como mexicano en el extranjero, de ustedes”.
El caso se originó a mediados de marzo, cuando ambos comunicadores viajaron a Sudáfrica para realizar contenidos rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo, fueron detenidos por autoridades locales tras el uso de un dron en una zona considerada sensible, lo que derivó en acusaciones que incluyen presuntos delitos graves, aunque sin una confirmación oficial detallada.
Aunque inicialmente fueron liberados de prisión, los periodistas continúan sujetos a un proceso judicial que les impide abandonar el país, situación que ha generado preocupación en el gremio periodístico mexicano.
Hasta el momento, la SRE no ha emitido un posicionamiento amplio sobre el caso, mientras que Faitelson ha insistido en la necesidad de una intervención diplomática más contundente para garantizar el regreso de sus colegas a México.
La polémica ha reavivado el debate sobre la protección consular de ciudadanos mexicanos en el extranjero, especialmente en contextos legales complejos, donde la actuación del gobierno puede resultar determinante.
