Desde las suntuosas salas del Palacio de Miraflores y el búnker militar Casa de los Pinos en Caracas, hasta la dura realidad del encierro federal en los Estados Unidos: así fue el abrupto giro en la vida de Nicolás Maduro tras su captura y traslado a Estados Unidos, un episodio que marcó un antes y un después en la historia política de Venezuela y que hoy lo mantiene recluido bajo estrictas medidas de seguridad en una prisión federal de Nueva York.
La detención de Maduro se dio en un operativo que, de acuerdo con reportes periodísticos, sorprendió incluso a círculos diplomáticos internacionales. Estados Unidos habría utilizado una estrategia poco convencional —descrita como un “arma secreta” legal y operativa— para lograr su captura y llevarlo ante la justicia federal, donde enfrenta cargos de extrema gravedad. Desde ese momento, el discurso del poder se desmoronó para dar paso al lenguaje frío de los tribunales.
El abogado venezolano especializado en derechos humanos, Nizar El Fakih, testigo presencial de la primera audiencia de Maduro y de Cilia Flores en Nueva York en enero de 2026, ofreció un retrato revelador de su situación actual. Según El Fakih, Maduro se encuentra recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, sin privilegios y bajo máximas restricciones, incluso con la posibilidad de estar en el SHU, la Unidad de Alojamiento Especial destinada a internos de alto riesgo.
Durante la audiencia, el contraste fue evidente. El abogado relató que Maduro ingresó inicialmente “rozagante” y con actitud confiada, pero su semblante cambió de forma drástica cuando el juez federal lo interrogó directamente sobre su identidad. El momento de quiebre llegó cuando intentó asumirse como “presidente legítimo” y “prisionero de guerra”. Pero en estados unidos no lo reconocen como presidente ni a ella como primera dama.
En lo físico, El Fakih señaló que Maduro caminó y se sentó sin dificultad, vistiendo el uniforme de prisión, una imagen impensable años atrás. En lo legal, el panorama es aún más severo: el proceso será largo, con un intercambio complejo de pruebas, y las penas que enfrenta podrían equivaler al resto de su vida tras las rejas.
Paradójicamente, subraya el abogado, el sistema judicial estadounidense está obligado a garantizarle derechos y debido proceso, algo que —recuerda— ha sido negado sistemáticamente a presos políticos en Venezuela. Hoy, el hombre que concentró todo el poder vive bajo encierro, vigilancia permanente y sin trato especial, mientras su futuro se decide entre muros y expedientes judiciales.