La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) otorgó medidas cautelares en favor de la familia de Ana Amelí y ordenó a la dependencia de Derechos Humanos atraer y resolver el caso de la joven desaparecida, pues su vida corre riesgo y es un caso de prioridad gubernamental.
La desaparición de Ana Amelí García Gómez, reportada el 12 de julio de 2025 tras ser vista por última vez en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco en la Ciudad de México, continúa siendo un caso relevante por las presuntas fallas institucionales en su investigación y por la intervención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. A más de cuatro meses de los hechos, la investigación registra un nuevo movimiento institucional con la remisión del caso a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), lo que representa un cambio en el seguimiento de las posibles violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades locales.
El caso adquirió relevancia internacional luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgara medidas cautelares a favor de Ana Amelí al considerar que existe una situación de gravedad y urgencia ante el riesgo de daño irreparable a sus derechos a la vida y a la integridad personal. Esta resolución se produjo en un contexto de constantes señalamientos por parte de la familia de la joven, quienes han denunciado públicamente la falta de avances sustantivos en las investigaciones estatales, la inexistencia de líneas de investigación claras, deficiencias en las labores de búsqueda en la zona del Ajusco y el incumplimiento de recomendaciones emitidas previamente por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.
Como parte del seguimiento a estas denuncias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que el 22 de noviembre de 2025 tuvo conocimiento de un escrito en el que se acusa el mal actuar de servidores públicos del gobierno de la Ciudad de México en la atención del caso. Tras analizar la queja, la CNDH concluyó que los hechos denunciados corresponden al ámbito de competencia del organismo local de derechos humanos, por lo que determinó remitir el expediente a la CDHCM para que continúe con la investigación correspondiente.
En el oficio con número de folio 084469, la CNDH expuso los fundamentos legales de esta decisión y señaló textualmente: “Del análisis al documento de referencia, se advierte que los hechos manifestados por la persona peticionaria son competencia del del Organismo Público que usted preside (en referencia a la CDHCM), con fundamento en los artículos 33, de la Ley de la CNDH; y 15, párrafo segundo del Reglamento Interno de esta Comisión Nacional; así como con lo establecido en los artículos 1, 3 y 5 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y 1 y 28 de su Reglamento Interno”.
Además de solicitar el inicio formal de la investigación, la CNDH pidió a su homóloga capitalina que adopte las medidas que considere necesarias para el esclarecimiento del caso, sin detallar acciones específicas, y requirió que se mantenga informado al organismo nacional sobre el avance y los resultados de las gestiones derivadas de esta solicitud. La comisión nacional expresó también su confianza en que la CDHCM brindará el apoyo necesario ante un caso que ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
Este nuevo paso institucional no implica el cierre del expediente a nivel federal, sino un ajuste en el canal de seguimiento al centrarse las denuncias en posibles violaciones cometidas por autoridades locales. La remisión del caso a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México abre una nueva etapa en la investigación desde la perspectiva de derechos humanos, en la que se espera una revisión más exhaustiva de las actuaciones de las autoridades capitalinas y de las omisiones señaladas por la familia.
