Arturo “N”, identificado como el presunto responsable del transfeminicidio de Paola Buenrostro, fue detenido el pasado 31 de agosto, a diez años de que la mujer perdiera la vida. Cuando se creyó que el crimen cometido en contra de Paola por fin obtendría justicia, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México decidió clasificar el hecho como “homicidio calificado”, a pesar de que había sido considerado como el primer transfeminicidio reconocido por la Comisión de Derechos Humanos de la capital.
Paola, una extrabajadora sexual de 25 años de edad, perdió la vida la madrugada del 30 de septiembre de 2016, después de subir a un auto presuntamente conducido por Arturo “N”. Al avanzar unos metros, se escucharon detonaciones de arma de fuego y, cuando su amiga Kenya Cuevas acudió a ver lo ocurrido, se dio cuenta de que Paola había sido atacada.
A diez años del transfeminicidio de Paola se logró la detención de Arturo “N” en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México; sin embargo, en la audiencia realizada el 1 de septiembre el crimen fue clasificado como homicidio calificado.
Kenya Cuevas, quien se convirtió en activista tras la muerte de Paola y es reconocida como familia social de la víctima, señaló como una traición la formulación inicial contra el presunto responsable, ya que durante los diez años en los que el caso no tuvo justicia, ella se encargó de llegar a acuerdos y dar recomendaciones a la FGJ para que el caso pudiera ser reclasificado.
En 2019, Kenya logró que el caso de su amiga fuera reconocido por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México como el primer caso documentado de transfeminicidio y denunció que las autoridades no habían respetado la identidad de género de Paola. Además, en 2024 se impulsó la Ley Paola Buenrostro, una reforma que tipificó ese delito en la capital mexicana.
A pesar del trabajo de la activista y de colectivos de personas trans y no binarias, señalaron que en la audiencia inicial de Arturo “N” Paola fue identificada como hombre, mientras que el sujeto fue imputado por homicidio calificado y quedó bajo prisión preventiva. También denunciaron que no se respetó la identidad de ninguna de las mujeres trans involucradas en el caso.
“Llegaron ante una jueza diciendo mi nombre masculino en todo momento y el anterior que tenía antes de mi cambio de identidad, el nombre masculino de Paola y de todas las testigas, refiriéndose a trabajadoras sexuales”, denunció Kenya Cuevas. Reiteró que, durante diez años, se han “construido lineamientos, protocolos, manuales, leyes, en conjunto con ellas”.
La denuncia de los colectivos escaló a una protesta dentro de la FGJ, en la que exigieron la reclasificación del crimen y señalaron la transfobia institucional.
Por su parte, la Fiscalía recriminó los actos ocurridos durante la protesta y señaló daños en sus oficinas. En una mesa de diálogo, aseguró que investigará los señalamientos sobre el trato recibido por las mujeres en la audiencia y rechazó que existan prácticas transfobicas en la institución.
Además, explicó que el caso se presentó como homicidio calificado porque la orden de aprehensión fue emitida bajo ese delito en 2016, cuando aún no estaba tipificado el transfeminicidio en la Ciudad de México.
La próxima audiencia de este caso está programada para el viernes 4 de septiembre, y las activistas advirtieron que no cesarán las protestas hasta que el caso de Paola Buenrostro sea reclasificado.