Tras el escándalo provocado por el fallecimiento de dos agentes de la CIA que operaban en Chihuahua y que tuvieron un accidente automovilístico, el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, anunció su renuncia al cargo para permitir que se lleven a cabo las diligencias correspondientes con responsabilidad. El Gobierno de Chihuahua fue señalado por el Ejecutivo Federal por permitir de manera anticonstitucional el ingreso de dichos elementos.
En una conferencia de prensa, el 28 de abril, Jáuregui Moreno informó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván ya había recibido su renuncia, conforme al ejercicio del deber de responsabilidades de los funcionarios públicos. El exfiscal precisó que su renuncia al cargo era irrevocable.
En su mensaje aseguró que su actuación como fiscal general del estado siempre tuvo como objetivo principal enfrentar al crimen organizado en Chihuahua con toda la fuerza del Estado. Aseguró que el actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE) también respondía a este principio. Jáuregui destacó que esta labor es realizada por más de cien funcionarios públicos de dicha institución, quienes en distintas ocasiones arriesgan hasta su propia seguridad.
Sobre el caso de los agentes de la CIA en territorio nacional, la administración de Claudia Sheinbaum señaló que su participación en el operativo que desmanteló distintos narcolaboratorios relacionados con el Cártel de Sinaloa violó la soberanía del país; pues, de acuerdo con la Constitución Mexicana, solo el Senado de la República cuenta con la facultad de aprobar cualquier ingreso de fuerzas armadas extranjeras al país, pero en este caso no se tramitó ninguna solicitud.
Ante esto, César Jáuregui expuso que la FGE siempre ha actuado bajo estricto apego a la legalidad, la soberanía y los protocolos de cooperación internacional, a pesar de que el estado no realizó las solicitudes para el ingreso a México de los elementos de seguridad de la CIA.
El exfuncionario reconoció que la información que compartió con la opinión pública en primera instancia era inconsistente y que existían fallas en los mecanismos de control que, en su cargo de fiscal estatal, debía garantizar. Además, señaló que hubo omisiones de información y en la gestión institucional al momento de contactar a dichos agentes.
Jáuregui afirmó que era su responsabilidad verificar la información y que además tenía la tarea de corregirla.
Por otro lado, detalló que la polémica desatada por la presencia de agentes de la CIA en México eclipsó el desmantelamiento de uno de los laboratorios de producción de opioides más grandes en la historia del país. El exfiscal aseguró que se trató de uno de los mayores golpes a las capacidades del crimen organizado dedicado al tráfico de drogas.
Abundó en que el combate al crimen organizado por ningún motivo debe justificar que no se actúe bajo estricto apego a las leyes mexicanas, por lo que, en congruencia con su trayectoria, puso a disposición su cargo como fiscal estatal. Con esto, Jáuregui Moreno resaltó que espera que las investigaciones se desarrollen con “autonomía, prontitud y exhaustividad”, además de que se restablezca la confianza pública en la institución.
Por último, recalcó que este caso no debería demeritar la actuación de la FGE en los últimos años en cuanto al combate del crimen organizado en la región, pues su labor siempre ha buscado la estabilidad de Chihuahua.