El caso de Genaro García Luna quien fuera Secretario de Seguridad pública durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón y el cual fue detenido en 2019 en Estados Unidos debido a acusaciones de asociaciones con grupos de delincuencia organizada y narcotráfico, tiene avances pues la Fiscalía General de la República (FRG) realizó la detención de María Vanesa Pedraza Madrid quien fue asesora de García Luna y a la cual se le imputa la posible responsabilidad en por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Fue la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) quien a través de sus investigaciones descubrió la posible participación de María Vanesa como apoderada legal de la empresa Nunvav Inc. con la cual habría usado su sistema financiero para fondear recursos que presuntamente serían procedentes de la delincuencia organizada.
Además Pedraza Madrid estaría involucrada en el desvío de fondos del Organismo Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación y la Tesorería de la Federación que tuvo supuestamente como beneficiario final al mismísimo Genaro Garcia Luna, integrantes de su familia y otros cómplices.
La detenida colaboró en la Secretaría de Seguridad Pública desde el 2001 y hasta el 2012 para posteriormente ser nombrada apoderada de la empresa Nunvav Inc en 2019 mediante una asamblea extraordinaria de accionistas.
La captura de María Vanesa Pedraza Madrid tuvo lugar en la Ciudad de México pues la ex asesora fue localizada en la alcaldía Benito Juárez por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República que colaboraron y mantuvieron coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en especial con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.
Quienes comunicaron lo siguiente tras la detención de la mujer: "Al ser localizada, a María Vanesa le fueron leídos sus derechos constitucionales para posteriormente ser trasladada para su certificación médica, a efecto de ser puesta a disposición de una autoridad judicial con sede en el Centro de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, a fin de que el Ministerio Público Federal solicitó audiencia inicial para formularle imputación.
