
El semanario local ‘ZETA Tijuana’ señala que el documento firmado por el mandatario el secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, se exponen los motivos para promover la expropiación con la finalidad de crear el Complejo Interactivo Campestre.
Dicha acción se puede impugnar ante el Tribunal de lo Contencioso por parte de los socios y el mismo Club, estos pueden presentar amparos en su defensa los cuales se sumarán a lo que se presentaron con anterioridad.
La gestión de Bonilla está por terminas, a pesar de esto ha decidido realizar el plan con el cual dejará un litigio más a la administración que entrará a la gubernatura, la cual se decidirá el próximo 6 de junio.
La Ley de Expropiación para el Estado de Baja California establece que se tiene que pagar una indemnización equivalente al valor comercial el cual será fijado por las autoridades, este no puede ser menor al valor fiscal, por lo que el gobierno estatal actual deberá de paga 970 millones de pesos, aproximadamente.
Con información de: ZETA Tijuana.