La Cámara de Diputados dio luz verde en lo general a una reforma a la Ley General de Salud que establece la prohibición total de la producción, distribución y venta de vapeadores y cigarros electrónicos en México. La iniciativa fue impulsada por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y responde a la preocupación por los riesgos para la salud pública que representa el consumo de estos dispositivos.
La reforma contempla sanciones severas: quienes fabriquen o comercialicen estos productos podrían enfrentar penas de cárcel de hasta ocho años, además de multas y confiscación de mercancía. El argumento central de quienes apoyan la prohibición es sanitario: diversos estudios muestran que los cigarrillos electrónicos no son inofensivos, y su uso incrementa riesgos de adicción, enfermedades respiratorias y daño pulmonar, sobre todo entre jóvenes. La legislación busca proteger la salud pública y prevenir una nueva generación adicta al tabaco moderno bajo la apariencia de “vapeo seguro”.
Sin embargo, la medida no fue aprobada por unanimidad; la decisión fue tomada con 324 votos a favor y 129 en contra. Algunos legisladores votaron en contra, argumentando que una prohibición total podría fomentar mercado negro, quitar opciones a fumadores adultos que usan estos dispositivos como método de reducción de daño y afectar a pequeños negocios que venden cigarros electrónicos. Señalan que una regulación estricta, en lugar de una prohibición absoluta, permitiría un control más eficaz sobre calidad, edad mínima para uso y etiquetado, evitando sanciones para usuarios responsables.
La votación en la Cámara marca un paso decisivo, aunque ahora la reforma deberá discutirse en comisiones para definir los detalles: tiempo de adaptación para comercios, sanciones exactas, mecanismos de control y fiscalización, así como políticas de apoyo para quienes deseen dejar el consumo. Las críticas de quienes rechazan la prohibición se centran en que la legislación debe ser equilibrada y no castigar al consumidor responsable ni abrir paso a mercados clandestinos.
Para organizaciones de salud y colectivos antitabaco, la aprobación en lo general representa una victoria: confían en que la prohibición será efectiva para reducir el consumo entre jóvenes y evitar daños mayores, incluyendo adicciones prematuras y enfermedades pulmonares. Para representantes de tiendas y usuarios adultos, la preocupación es otra: el riesgo de escasez de productos regulados, pérdida de empleos y falta de alternativas para quienes ya estaban usando el vapeo como paso hacia dejar el tabaco tradicional. De igual manera, es necesario aclarar que los consumidores solamente podrán recibir multas administrativas si consumen en espacios donde se encuentra prohibido el uso de estos dispositivos.
La reforma a la Ley General de Salud aprobada por la Cámara de Diputados abre una nueva etapa en la regulación del consumo de tabaco electrónico en México. Mientras sus promotores celebran un posible avance en salud pública, sus detractores advierten sobre consecuencias sociales y económicas negativas si el debate no considera todas las voces.
