La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, enfrenta un nuevo episodio de tensión política luego de que diez diputados locales de Morena rompieran comunicación con su administración, en medio de un desacuerdo por la aprobación de un crédito por mil millones de pesos.
De acuerdo con los legisladores, la mandataria estatal habría intentado obligarlos a avalar el endeudamiento con el argumento de subsanar recortes presupuestales. Sin embargo, durante una sesión del Congreso local, parte del bloque oficialista manifestó su rechazo a la instrucción, al considerar que no fue producto de un consenso interno.
En ese contexto, el presidente del Congreso del Estado, José Antonio Jiménez, fijó una postura crítica desde la tribuna, donde denunció lo que calificó como prácticas de presión política y defendió la autonomía del Poder Legislativo frente al Ejecutivo estatal.
Diputados inconformes señalaron que la orden para aprobar el crédito fue impuesta bajo una lógica de subordinación, dinámica que, afirmaron, ya no están dispuestos a aceptar. La fractura evidenció un quiebre interno dentro de Morena en la entidad.
La confrontación escaló cuando, a través de redes sociales, se difundió que la Fiscalía General del Estado habría perseguido e increpado al presidente del Congreso. Según los reportes, agentes ministeriales intimidaron a Jiménez en un operativo que generó fuertes reacciones en el ámbito político local.
Este hecho desató una nueva polémica y profundizó la crisis al interior del oficialismo, dejando al descubierto divisiones en el grupo político encabezado por la gobernadora Layda Sansores y reavivando señalamientos sobre presuntas prácticas de persecución política en Campeche.
