Ciudad de México. Un juez federal concedió una suspensión provisional que frena de manera temporal el inicio del juicio en contra del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, acusado por un presunto delito de lavado de dinero por casi 74 millones de pesos provenientes del erario estatal.
La medida fue otorgada este martes por el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, Estado de México, tras el amparo promovido por la defensa de Duarte. El acuerdo establece que, mientras se resuelve la suspensión definitiva, queda suspendida la apertura formal del juicio, lo que impide dictar el auto de apertura de juicio en esta etapa procesal.
Pese a este revés procedural, el exmandatario no recuperará su libertad en el corto plazo. La resolución judicial especifica que la suspensión provisional “en modo alguno implica la libertad del directo quejoso”, por lo que Duarte continuará internado en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La controversia legal se deriva de la vinculación a proceso que le dictó el pasado 14 de diciembre de 2025 la juez María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, por su presunta responsabilidad en el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, en relación con la transferencia y ocultamiento de cerca de 73.9 millones de pesos a través de empresas vinculadas a él.
El amparo concedido a Duarte será revisado en una audiencia fijada por el propio juzgador para el 30 de enero, fecha en la que se determinará si se otorga o no la suspensión definitiva. En caso afirmativo, el proceso penal podría quedar suspendido por tiempo indefinido mientras se resuelve el fondo del recurso de amparo.
La defensa ha argumentado diversas irregularidades en el procedimiento legal para justificar la protección de la justicia federal, aunque hasta el momento las autoridades judiciales han mantenido la prisión preventiva como medida cautelar. Duarte, quien gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, ya enfrentaba investigaciones por delitos relacionados con peculado y asociación delictuosa y fue extraditado desde Estados Unidos para responder a esas y nuevas acusaciones.
Este nuevo episodio en la larga trayectoria legal del exgobernador añade complejidad a un caso que ha sido uno de los más seguidos en materia de combate a la corrupción en la política mexicana, y que pone de manifiesto la disputa jurídica entre la defensa de Duarte y la Fiscalía General de la República por el manejo del proceso penal en su contra.
