La senadora Paloma Sánchez Ramos presentó una iniciativa de reforma a la fracción IV del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, con el propósito de otorgar reconocimiento legal como víctimas a personas desplazadas por la violencia y acceso a programas de apoyo.
Denunció que Sinaloa atraviesa una crisis tras 512 días de violencia, con 2 mil 399 personas asesinadas, 3 mil 047 desaparecidas, 3 mil familias fuera de sus hogares y más de 2 mil negocios cerrados, situación que generó un impacto económico superior a 70 mil millones de pesos. Señaló la muerte de 72 niñas, niños y adolescentes en este contexto.
Indicó que la reforma tiene como finalidad que las personas desplazadas sean reconocidas como víctimas, además de garantizar techo, alimentación y servicios de salud física y mental para ellos.
“Si el Gobierno no detiene a los responsables del desplazamiento, al menos que garantice la protección a los desplazados”, afirmó.
La legisladora advirtió abandono institucional hacia familias desplazadas. Destacó que el desplazamiento implica la pérdida de patrimonio, empleo y comunidad como consecuencia del abuso del crimen organizado.
Además, las personas desplazadas todavía no son consideradas como víctimas, por eso la insistencia de la Senadora sinaloense para que se les reconozca como tales y puedan acceder a programas sociales, atención médica, apoyo psicológico y vivienda temporal
La priista sostuvo que la violencia no distingue edades ni ocupaciones. Puso como ejemplo el ataque contra los Diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya de MC en Culiacán; el homicidio del joven Fernando Alan; la desaparición de los 14 mineros en Concordia que siguen sin aparecer, entre otros. Subrayó que, pese al aumento de víctimas, la única respuesta del Gobierno ante la tragedia es decir: “No pasa nada”.
