La discriminación por edad continúa siendo una barrera para que las personas mayores ejerzan plenamente sus derechos, pese a que la Constitución mexicana prohíbe cualquier distinción basada en este criterio. Ante este escenario, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en el Senado llamó a fortalecer las condiciones que permitan a este sector vivir con autonomía, dignidad y plena participación en la sociedad.
Señaló que el envejecimiento no ocurre de la misma manera para todas las personas, por lo que las políticas públicas no pueden basarse únicamente en la edad cronológica para determinar necesidades, capacidades o condiciones de vida. Consideró necesario que la atención institucional reconozca las diferencias individuales y preserve en todo momento la capacidad de decisión de las personas mayores.
La bancada ecologista recordó que México cuenta desde 2002 con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que reconoce derechos como la autonomía, la participación, la integridad personal, la atención preferente en materia de salud y la asesoría jurídica gratuita. A ello se suma la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que reconoce, entre otros aspectos, el derecho a decidir dónde y con quién vivir y a otorgar consentimiento informado en materia de salud.
El Partido Verde advirtió que los prejuicios y estereotipos asociados con la edad todavía afectan ámbitos como el empleo y la atención sanitaria, limitando oportunidades y dificultando el ejercicio de derechos. Por ello, planteó la necesidad de avanzar hacia políticas y servicios que no sustituyan las decisiones de las personas mayores bajo criterios exclusivamente asociados con su edad.
Destacó que el crecimiento de la población mayor también obliga a transformar la manera en que se diseñan los servicios públicos y los sistemas de cuidado. La prioridad, sostuvo, debe ser garantizar que una vida más larga transcurra con dignidad, autonomía y participación, con instituciones capaces de brindar atención y apoyo sin discriminación ni prácticas que limiten la libertad de decidir.