El Senado de la República aprobó el 20 de octubre la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una nueva legislación que busca reducir el uso de dinero en efectivo e impulsar las transferencias bancarias, tarjetas y otras herramientas digitales en México. La medida fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La iniciativa, promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum, contempla que determinadas actividades económicas puedan operar exclusivamente con pagos electrónicos. Sin embargo, su aplicación no será inmediata ni generalizada, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá definir los sectores en los que se implementará esta disposición
La legislación busca facilitar el acceso a herramientas de pago electrónico para consumidores, comercios y dependencias gubernamentales. Entre los mecanismos contemplados se encuentran las tarjetas bancarias, transferencias mediante SPEI, códigos QR y pagos sin contacto mediante tecnología NFC.
También establece que las autoridades y proveedores de bienes y servicios deberán impulsar la infraestructura necesaria para aceptar estas operaciones, con el objetivo de ampliar el acceso a los servicios financieros y reducir la dependencia del efectivo.
La nueva ley no contempla la desaparición general del dinero en efectivo. Sin embargo, permite que Hacienda determine sectores estratégicos y actividades específicas en los que los pagos digitales podrán convertirse en la única modalidad aceptada.
Esto significa que algunas operaciones podrían dejar de realizarse con billetes y monedas, aunque todavía no existe una lista definitiva de los establecimientos o servicios sujetos a esta obligación. La legislación también contempla excepciones para permitir pagos en efectivo o mediante cheques cuando fallas técnicas o problemas de conectividad impidan utilizar los sistemas electrónicos.
Una vez que el decreto entre en vigor, la Secretaría de Hacienda contará con un plazo de 15 días hábiles para determinar los sectores y actividades donde podrá establecerse el uso exclusivo de pagos digitales.
Posteriormente, las autoridades correspondientes tendrán otros 15 días hábiles, contados a partir de la publicación de esa determinación, para emitir las disposiciones necesarias y definir los mecanismos de transición. Por ahora, la aprobación del Senado no significa que los establecimientos deban rechazar el efectivo de manera inmediata.
Uno de los objetivos de la legislación es facilitar que las micro, pequeñas y medianas empresas incorporen nuevas formas de cobro, amplíen sus posibilidades de venta y generen registros de operaciones que puedan ayudarles a acceder a financiamiento.
No obstante, durante la discusión legislativa, representantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que la implementación podría representar gastos adicionales para los pequeños comercios, especialmente por la contratación de internet, terminales bancarias y comisiones por transacción.
También señalaron que las personas sin acceso a servicios bancarios o conectividad podrían enfrentar dificultades para realizar determinadas operaciones. Por su parte, legisladores de Morena defendieron la medida como una oportunidad para modernizar el sistema financiero y ampliar la inclusión económica.
