La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso sobre una familia de Coahuila; los intereses particulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Evitó que esa Secretaría (Sedatu), pague 63.9 millones de pesos a una familia de Coahuila, por la expropiación de 423 hectáreas asignadas a un ejido desde 2011.
Fue por mayoría de votos, cinco votos contra cuatro que lo hicieron en la negativa, el Pleno de la Corte rechazó el proyecto de la Ministra Yasmín Esquivel, quien proponía ordenar el pago en un plazo máximo de un mes, mientras un juez determina si debe realizarse un nuevo avalúo del predio.
Este caso ya fue valorado por las autoridades correspondientes: en 2021 el Instituto Nacional de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (Indaabin) evaluó el daño en hectáreas en 385 millones de pesos, pero ese avalúo perdió vigencia en 2022.
La propuesta de Esquivel consistía en usar temporalmente un avalúo realizado en 2024 por la propia Sedatu, mientras se actualiza formalmente. Pero fue desechada, Sedatu no pagará ese dineral a la familia de Coahuila.
El proyecto aprobado por la mayoría y que fue elaborado por la Ministra Lenia Batres, establece que la Sedatu no se ha negado a cumplir el amparo, pero que corresponde a un juez federal determinar si el avalúo de 2021 sigue vigente o debe hacerse uno nuevo, no necesariamente a los ministros del Máximo Tribunal.
Durante la discusión, la Ministra Esquivel calificó como “inaudito” que una sentencia no se haya cumplido en más de una década y sostuvo que el monto de 63.9 millones es el mínimo posible, por lo que no debería demorarse más el pago.
¿Qué dice la Sedatu del dinero que debe pagar?
La Sedatu ha argumentado que no cuenta con recursos para pagar por un nuevo avalúo. La decisión de la Corte podría alargar el caso varios meses o incluso años, ya que la resolución del juez podrá ser impugnada ante un tribunal colegiado.
