En la conferencia matutina del pasado miércoles en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó los detalles del denominado Operativo Sable, una estrategia de seguridad enfocada en el Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos de infraestructura clave del gobierno federal.
Según Harfuch, el operativo “consiste principalmente en un despliegue territorial donde tropas de la Secretaría de Marina (Semar) se movilizan en puntos con denuncias o indicios de actividades delictivas”
Su objetivo principal es prevenir delitos y asegurar la zona del Corredor Interoceánico ante riesgos vinculados al crimen organizado.
La zona de actuación: el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto estratégico de infraestructura para México.
Se priorizan “puntos con mayor incidencia delictiva” y “lugares donde se han detectado riesgos asociados a grupos del crimen organizado”.
En ese contexto, se menciona que el operativo ya ha logrado debilitar la estructura de un grupo delictivo llamado Los Cromo, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que pretendía controlar actividades ilícitas en esa región.
Este despliegue refleja una apuesta del gobierno por reforzar la presencia estatal en regiones estratégicas, no solo por obra de infraestructura sino por seguridad y gobernabilidad.
Para los habitantes del Istmo y municipios colindantes, significa mayor visibilidad de las fuerzas federales y, en teoría, menor impunidad.
Desde el punto de vista de la industria del desarrollo nacional, asegurar el territorio facilita que los proyectos de integración interoceánica (logística, comercio, trenes, puertos) operen en un entorno más estable.
Al mismo tiempo, genera preguntas: ¿cómo se mide la eficacia del operativo?, ¿qué sucede con los derechos de las comunidades locales?, ¿cuál será la duración y alcance del despliegue?
El gobierno deberá dar seguimiento público al avance del operativo: detenciones, cierres de rutas delictivas, estadísticas de impacto y resultados concretos.
Las autoridades locales del Istmo tendrán que coordinarse con la federal para asegurar que las acciones federales también respeten el tejido social y las particularidades regionales.
Desde los medios y la opinión pública hay que observar cómo este tipo de operaciones se inscriben en el equilibrio entre desarrollo económico, seguridad y derechos humanos.
En conclusión: El Operativo Sable marca un momento clave para la estrategia de seguridad en el sureste mexicano: una combinación de despliegue militar-marítimo, apuesta por estado de derecho y apuesta por infraestructura. Pero como toda estrategia ambiciosa, su éxito no solo estará en el anuncio, sino en lo que haga, cómo lo haga y cuánto logre transformar la vida de la región.
