El nombre de Carlos Manzo volvió a escucharse en Palacio Nacional.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó en la conferencia matutina que los policías municipales que integraban el primer círculo de seguridad del alcalde de Uruapan serán llamados a declarar nuevamente ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Han pasado nueve días desde el homicidio; la investigación continúa y el gobierno federal exige respuestas claras sobre lo ocurrido aquella noche.
La versión oficial que dio Harfuch fue directa: los agentes no están detenidos, pero están localizados y “acuden a declarar cada vez que se les requiere”. Con esa frase el secretario explicó por qué se pedirá una nueva ampliación de testimonios: no se trata de trámite administrativo, dijo, sino de reconstruir con precisión la secuencia de hechos y el uso de la fuerza en el lugar del crimen. Las preguntas sobre los tiempos, las armas y las órdenes que se dieron deben despejarse en la Fiscalía, agregó, ante la mirada atenta de reporteros y funcionarios.
La noche del 1 de noviembre quedó registrada en decenas de videos y en la memoria colectiva de Uruapan. Carlos Manzo Rodríguez caminaba entre la gente en el Festival de las Velas cuando un hombre armado se abrió paso hasta el área del escenario y disparó a corta distancia. Testigos, asistentes y organizadores consigan las imágenes que circulan: el agresor apunta, dispara; segundos después hay movimiento, tiros cruzados, confusión. El atacante fue abatido en el sitio; el alcalde murió. Esa misma secuencia es el punto central de la investigación que hoy reclama nuevas declaraciones de los escoltas.
La Fiscalía de Michoacán concentra en su expediente las piezas técnicas que deberán sostener cualquier decisión judicial: peritajes balísticos, pruebas de rodizonato, cadena de custodia de las armas y cotejos de video. Los primeros dictámenes apuntan a que hubo disparos provenientes de armas asignadas a los escoltas municipales; también registran que uno de los disparos se produjo cuando el agresor ya había sido sometido. Esa línea, heredera de la evidencia física y de las grabaciones, obliga a la revisión de cada testimonio y a someter a los agentes a un nuevo interrogatorio para precisar quién accionó cada arma, en qué momento y por qué razón.
Son ocho los policías municipales bajo revisión. Eran, según reporte oficial y fuentes locales, el primer anillo de protección del alcalde; personal seleccionado por el propio Manzo en meses anteriores. A ese grupo se sumaban catorce efectivos de la Guardia Nacional que funcionaban como refuerzo temporal. La multiplicidad de cuerpos presentes la noche del ataque —escoltas municipales, Guardia Nacional, seguridad privada, logística del festival— complica la reconstrucción pero también ofrece trazas: bitácoras de turno, radios de comunicación, listas de asignación y registros de acceso al perímetro que ya solicitó la Fiscalía y que ahora revisa punto por punto.
En este contexto, la comparecencia reiterada de los escoltas cobra doble valor: procesal y político. Procesal, porque de esas ampliaciones de declaración dependerá la forma en que la Fiscalía estructure los cargos, si los hubiera, y qué registros se incorporen como prueba pericial. Político, porque la sociedad exige respuestas sobre la capacidad del Estado para proteger autoridades locales y porque la víctima, en este caso un alcalde que enfrentó públicamente a las redes de extorsión, representa un actor clave en la lucha contra los cobros ilegales a productores.
Los ocho agentes que custodiaban a Manzo estaban registrados como personal de confianza. Varios de ellos contaban con cursos de actualización en uso progresivo de la fuerza y protocolos de protección. Sin embargo, en la secuencia de disparos aquella noche la reacción fue dispersa; algunas grabaciones muestran movimientos sin coordinación, desplazamientos fuera de la formación y disparos en direcciones diversas. Uno de los escoltas declaró en primera instancia que disparó “para proteger al presidente”; no precisó en cambio si el agresor permanecía armado o si ya se encontraba controlado. Esa declaración, literal y parcial, es hoy materia de contraste con imágenes, registros de balística y pruebas químicas.
