A partir del día miércoles 15 de abril, la Fiscalía General de la República modificará su estructura orgánica y por este motivo pondrá en funcionamiento nuevas fiscalías, dentro de las cuales se encuentran la de seguimiento a recomendaciones y quejas de derechos humanos; y la especializada en personas, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; además también se volverá a poner en funciones la de investigación de delitos sociales y políticos del pasado, esto con el fin de indagar en casos del periodo de 1965 a 1990.
Esta noticia fue dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, y la reforma al estatuto orgánico forma parte de la transformación que está atravesando la Fiscalía General de la República bajo el mandato de Ernestina Godoy quien hoy mismo ha presentado su Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029.
En dicho plan que fue presentado hoy por la Fiscal General de la República se han definido las prioridades, acciones y líneas de trabajo de la institución para los próximos años; la misma titular lo describió como un instrumento para mejorar la procuración y calidad de la justicia en México, que obliga a pasar de la inercia a la acción, de la fragmentación a la inteligencia y de un modelo de tramitación masiva y reactiva hacia una gestión diferenciada por complejidad.
Algunos de los objetivos centrales del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, son el fin de la opacidad al eliminar la denominada “burocracia dorada” y garantizar transparencia total en los procesos, una persecución penal estratégica y procurar una justicia más cercana al fortalecer la coordinación con los estados para ofrecer una atención más sólida y accesible a la ciudadanía.
Por otra parte, también se ha informado que la renovada Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado, tendrá facultades como la de “participar en la investigación y, en su caso, persecución de las averiguaciones previas, carpetas de investigación y procesos penales relacionados con graves violaciones a derechos humanos, delitos sociales y políticos del pasado y otros asuntos emblemáticos de trascendencia histórica, particularmente aquellos ocurridos entre 1965 y 1990, así como los que por su relevancia institucional le sean asignados” así como también podrá “conducir las investigaciones bajo estándares de debida diligencia reforzada, análisis de contexto y búsqueda de la verdad; coordinar acciones de documentación histórica y sistematización de información relevante para el esclarecimiento de los hechos”.
En teoría esta Fiscalía le daría seguimiento a las actuaciones realizadas por la Fiscalía que llevó el mismo nombre durante el gobierno de Vicente Fox y que llevó a juicio al ex-presidente Luis Echeverria por las masacres del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, pero que sin embargo no lograron obtener una sentencia condenatoria.
Mientras que por su parte, la Fiscalía Especial para Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, se dedicara a “participar en la investigación y persecución de aquellos hechos que la ley señale como delitos del orden federal no considerados como delincuencia organizada o electorales, en los que se encuentren en calidad de víctimas, ofendidas e imputadas las personas que pertenezcan a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana, garantizando en todo momento la protección de sus derechos y la procuración de justicia”, entre otras tareas.
Además de esto, se le han otorgado nuevas facultades a las instancias que integran la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, entre ellas una Unidad Especializada en Análisis Financiero, que se prevé opere en coordinación con la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y Fiscales; además de poder ejercer la facultad de atracción en la investigación y persecución de los delitos en materia de extorsión.
