Él es Edgar Agustín Rodríguez Beiza. Su nombre aparece en las boletas del INE para participar en las próximas elecciones judiciales del primero de junio, pues se convirtió en candidato a magistrado de Tribunales Colegiados de Circuito.
Se presenta como un servidor público con carrera judicial, defensor de los derechos y conocedor del debido proceso. Sin embargo, bajo este disfraz, Rodríguez Beiza esconde varias historias que cuestionan su imparcialidad, su ética y, sobre todo, su compromiso con las víctimas de violencia sexual.
Desde 2018, Edgar Agustín Rodríguez Beiza ha sido el juez responsable de llevar el caso de Dafne, una joven que fue abusada por su asesor de tesis, Marco Antonio Checa Caratachea, y por su colega Francisco Javier Urrea Ramírez, ambos denunciados por el delito de violación equiparada, pues engañaron y drogaron a la víctima para abusarla sexualmente. Han pasado siete años desde el ataque sexual contra Dafne y, a la fecha, no ha obtenido justicia.
¿El motivo?
La obstrucción y abuso de poder de Edgar Agustín Rodríguez Beiza, quien, lejos de impartir justicia, se ha encargado de minimizar toda prueba en contra de los violadores y favorecerlos con sus decisiones.
Hoy, este mismo juez aspira a convertirse en magistrado del Poder Judicial. Su candidatura está registrada en un delicado proceso electoral que busca legitimar a quienes, dicen, se convertirán en pilares de la justicia mexicana. Sin embargo, el objetivo se ve lejano, pues sus decisiones han sido constantemente cuestionadas por su falta de imparcialidad.
La historia judicial que vincula a Edgar Agustín Rodríguez Beiza con este caso comienza cuando la carpeta por violación equiparada llegó a su tribunal con pruebas contundentes y con el antecedente de otra víctima, además de Dafne, quien sufrió el mismo delito, denunció al agresor y nunca pasó nada.
Pese al contexto y a que entre sus propuestas destaca como número uno “sanciones severas para quienes distraigan la justicia”, Rodríguez Beiza decidió no vincular a proceso a uno de los agresores de Dafne y, en su momento, tampoco le dictó la debida prisión preventiva. También se ha encargado de minimizar los hechos, de no reconocer la relación de poder entre el asesor académico y la estudiante.
En las audiencias públicas y claves en el proceso de Dafne, se ha limitado a cuestionar las acciones de la víctima en lugar de garantizarle protección. Incluso, en una de ellas, la interrumpió cuando intentaba expresar cómo ha vivido el proceso.
Es el juez Edgar Agustín Rodríguez Beiza quien no ha ofrecido contención, ni respeto, ni garantías a mujeres como Dafne, y aun así busca ser magistrado. Pese a revictimizar a las mujeres, no entender la perspectiva de género ni cumplir con el principio de imparcialidad.
Las preguntas son demasiadas y las respuestas nulas. ¿Qué se puede esperar de la elección judicial con aspirantes que minimizan pruebas contundentes de abuso sexual, que no garantizan protección a las víctimas, que actúan bajo intereses propios, que aplican las leyes selectivamente para favorecer a victimarios y que, además, abruptamente cierran sesiones sin escuchar las solicitudes de las partes?
Dafne ha acudido a instancias, repetido declaraciones, aportado evidencias y reconstruido los hechos con un alto nivel de detalle, pero, aun así, su caso ha sido tratado con indiferencia y la impunidad ha sido constante. Quien debió representar un equilibrio terminó siendo un obstáculo más. Hoy, este juez, al igual que muchos otros, busca un ascenso no con base en su compromiso social, sino en su carrera dentro de un sistema que, en su mayoría, prefiere proteger a sus iguales y termina castigando a los denunciantes.
Quienes tienen poder de decisión, desde fiscalías, órganos judiciales, comisiones electorales y los ciudadanos mismos, deben mirar este caso no como un expediente más, sino como una advertencia sobre los riesgos de institucionalizar el machismo en los más altos niveles de justicia.
