En la conferencia de este lunes, Omar García Harfuch habló sin rodeos. Dijo que los escoltas del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, no tenían vínculos con el crimen organizado. Lo hizo frente a los reporteros de la mañanera, en un tema que ha levantado sospechas, versiones y rumores desde la noche en que el presidente municipal fue asesinado frente a su familia.
El funcionario federal aclaró que no existe ningún indicio que relacione a los elementos asignados a su seguridad con algún grupo delictivo. Recordó que el alcalde contaba con un esquema de protección oficial desde diciembre de 2024, cuando comenzaron las amenazas, y que en mayo pasado se reforzó el dispositivo ante nuevos reportes de riesgo.
Esa noche, el 1 de noviembre, los escoltas estaban ahí, en el perímetro de la plaza principal de Uruapan, mientras el alcalde encabezaba el Festival de las Velas. Manzo había terminado su discurso y bajaba del escenario cuando el atacante apareció. Siete disparos en menos de un minuto. La multitud corrió, su familia quedó paralizada. Los guardias reaccionaron, abatieron al agresor, pero el edil ya no resistió.
Harfuch explicó que, después del crimen, se revisó uno por uno a los integrantes del grupo de protección. Ninguno, dijo, tiene antecedentes ni relaciones comprobadas con grupos criminales. “No hay infiltración ni complicidad”, insistió.
Mientras tanto, la Fiscalía del Estado sigue documentando los hechos. Los dictámenes ya superan las cuarenta pruebas periciales: balística, criminalística, medicina forense, genética, química, lofoscopía, análisis de video. En conjunto, trazan la ruta del agresor: llegó por la tarde a un hotel del Centro, salió a comprar a una tienda cercana, regresó con una sudadera blanca, y horas después, en medio de la música y las luces del festival, disparó siete veces a corta distancia.
El arma asegurada, una pistola 9 milímetros, fue utilizada en dos ataques previos: el 16 de octubre en Morelia, con dos víctimas, y el 23 de octubre en Uruapan, en un bar donde un trabajador murió. Los casquillos de ambas escenas coinciden con los encontrados en la plaza.
El atacante no ha sido identificado. Los peritos estiman que tenía entre 17 y 19 años. Sus huellas no aparecen en los registros del INE. Las pruebas de rodizonato resultaron positivas en ambas manos; las toxicológicas detectaron anfetaminas y marihuana. Nadie lo ha reclamado. Nadie ha dicho su nombre.
El fiscal Carlos Torres Piña precisó que la herida mortal fue la que entró por el tórax, a la altura del abdomen. El disparo fue directo, a menos de dos metros. Siete impactos. Uno bastó para detenerle el corazón.
El secretario Harfuch dijo que la investigación no se cierra. Que hay colaboración plena con la SEDENA, la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal para dar con los responsables intelectuales. “El ataque se planeó fuera del círculo de protección”, afirmó.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla respaldó la postura. Confirmó que se mantiene una mesa de coordinación permanente para esclarecer el crimen. Desde la 21 Zona Militar, el general Juan Bravo Velázquez recordó las reuniones previas con el alcalde —la última, el 21 de octubre— donde se habló justamente de seguridad.
El caso de Carlos Manzo sigue creciendo entre carpetas, dictámenes y silencios. En Uruapan, su nombre se escucha entre las velas que él mismo encendió. En Palacio Nacional, su muerte volvió a ocupar los micrófonos. Hoy, la versión federal es única y cerrada: sus escoltas no tenían vínculos criminales.
La pregunta que queda en el aire no es quién lo protegía, sino quién lo mandó matar.
