Después de la salida repentina de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) que tomó a más de uno por sorpresa, el asignamiento de Ernestina Godoy como reemplazo de dicho puesto fue un movimiento por parte del oficialismo que en lugar de generar sorpresa, fue algo predecible debido a la cercanía de la funcionaria con figuras como Omar Garcia Harfuch actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; por lo mismo encendió alarmas pues mientras que la misma Presidenta Sheinbaum destacó que este relevo “generará una mayor coordinación entre las instituciones de seguridad a nivel federal y estatal”, la oposición por su lado argumenta que la nueva fiscal funcionara como un medio de defensa ante la crítica y la denuncia hacia el oficialismo.
Y los últimos movimientos realizados por la Fiscalía no han hecho más que darle la razón a la oposición pues los casos que se han reabierto o trabajado en los últimos días tienen como implicados a figuras importantes del PRI, del PAN o simplemente voces que cuestionan, son incómodas o critican al gobierno en turno; mientras que se omiten casos en los que están involucradas figura de peso dentro de Morena.
Por mencionar algunos de los casos más recientes donde la Fiscalía ha llevado a cabo acciones contundentes tenemos la detención y vinculación a proceso de Cesar Duarte, exgobernador de Chihuahua acusado de corrupción y que ha sido presentada como una victoria institucional, a pesar de ser un expediente heredado o la reciente detención de un cómplice de Genaro Garcia Luna, ex secretario de Seguridad por desviar 5 mil millones de pesos destinados al mantenimiento y obras para prisiones federales, el detenido fue Jesus Gabriel Perez Rodriguez y formaria parte de un grupo de 60 personas que son señaladas de participar en una red de corrupción durante la gestión del ex secretario de Seguridad Genaro Garcia Luna.
Sin embargo, mientras los dos casos anteriormente mencionados representan un golpe a la corrupción que ha infectado a nuestro gobierno durante décadas y que es importante además de necesario que fueran resueltos para recibir una sentencia, también está presente el caso de María Amparo Casar quien se encuentra al frente de “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad” la cual es una asociación civil sin fines de lucro, y que ha documentado con pruebas verificables la corrupción que rodea tanto a figuras cercanas del ex-presidente Lopez Obrador como a Él mismo; ahora se encuentra bajo la mira de la Fiscalía pues se abrió una carpeta de investigación en su nombre con el fin de juzgarla por un presunto uso ilícito de atribuciones y facultades con las cuales supuestamente habría obtenido una pensión vitalicia millonaria de Pemex.
Sin duda alguna llama la atención el hecho de que se actúe en contra de adversarios políticos, se atiendan los casos convenientes y se persiga a figuras “incómodas”; mientras que se protegen a aliados de Morena que han sido señalados e inclusive denunciados, pues en estos casos no se ha generado ninguna acción por parte de la Fiscalía.
Convirtiéndose la justicia de esta manera en una herramienta que se usa a conveniencia propia del oficialismo, intimidando y amenazando a quienes se opongan a ellos y demostrando sus intenciones de no perder el poder de ninguna forma.
En un país como México donde la justicia es la excepción y no la regla desafortunadamente, que la Fiscalía General de la República se utilice a conveniencia solo empeora la situación en la que nos encontramos actualmente y nos deja con la incertidumbre de quién será el siguiente en ser perseguido simplemente por resultar incómodo ante el poder.
