El proceso de desafuero contra el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, fue aplazado hasta febrero de 2026, anunció Hugo Eric Flores, presidente de Jurisdiccional de la Cámara de Diputados. El retraso responde a la necesidad de que la Fiscalía Anticorrupción de Campeche aporte más elementos probatorios para elaborar un dictamen sólido antes de que los diputados decidan si se retira o no la inmunidad al también líder priista.
La decisión ha prolongado un debate que ha marcado la agenda política nacional y que enfrenta elementos jurídicos con una fuerte carga política. Flores enfatizó que el dictamen, cuando esté listo, será analizado “con estricta legalidad y sin consideraciones políticas”, garantizando que cualquier resolución esté respaldada por pruebas claras y concluyentes.
El Diputado federal, Rubén Moreira, afirmó que la solicitud de desafuero contra el dirigente nacional y senador priista, ya fue desechada, pues la propia Fiscalía de Campeche notificó que las pruebas presentadas fueron obtenidas de manera ilegal y, en consecuencia carecen de validez. Subrayó que el caso contra su correligionario es un “expediente cerrado”.
La solicitud de desafuero contra Moreno está respaldada por cinco carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía de Campeche, en las que se le atribuyen presuntos delitos de uso indebido de atribuciones y peculado, acusaciones que el senador ha negado, insistiendo en que se trata de una persecución política motivada por su postura crítica al gobierno federal.
En este contexto, el aplazamiento ha ampliado el margen de maniobra para la defensa de Moreno, pero también ha intensificado las críticas de diversos actores políticos. Desde la oposición al PRI, algunos legisladores han cuestionado la lentitud del proceso, argumentando que la espera de pruebas adicionales podría convertirse en una estrategia para diluir el caso. Por su parte, miembros de su propio partido han defendido que se deben respetar los tiempos legales y que no se debe sacrificar la legalidad por presiones mediáticas o políticas.
El caso del desafuero de “Alito” Moreno no es aislado dentro del escenario político mexicano contemporáneo. Ha surgido en un entorno de creciente polarización, donde las disputas entre fuerzas políticas y la percepción pública sobre la corrupción siguen siendo temas centrales. Además, Moreno ha mantenido, en otras esferas, un perfil combativo frente a sus adversarios políticos como cuando ha denunciado lo que califica de fallas de seguridad del gobierno federal, lo cual complica aún más la percepción pública de su situación legal.
El aplazamiento hasta febrero de 2026 coloca al proceso de desafuero en plena agenda política del próximo año, justo cuando se anticipan otros desafíos para Moreno y su partido. Esta postergación podría significar un ajuste en las estrategias tanto de quienes buscan su desafuero como de quienes buscan preservar su fuero, en medio de una escena política cada vez más competitiva y dividida.
