El dictamen de reforma constitucional que prohibirá tener o adquirir una segunda nacionalidad a las personas que aspiren a ocupar la Presidencia de la República, cualquiera de las gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México fue aprobado por la Cámara de Diputados, tanto en lo general como en lo particular, el pasado martes 22 de septiembre.
Los diputados aprobaron la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum entre pancartas y lonas de protesta por parte de la oposición en las instalaciones del Palacio de San Lázaro. El proyecto avanzó en la Cámara de Diputados con 344 votos a favor por parte de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que recibió 109 votos en contra y una abstención, emitida por el diputado Jorge Luis Villatoro, del PVEM.
Tras ser aprobado en la Cámara de Diputados, el dictamen de la reforma constitucional fue turnado al Senado de la República, donde será analizado y discutido en los próximos días.
Los alcances normativos de la reforma en materia de nacionalidad modificarían los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Mexicana para estipular que la nacionalidad mexicana única será un requisito obligatorio para las personas que aspiren a los cargos ya mencionados. De acuerdo con el proyecto, quienes cuenten con doble nacionalidad y aspiren a esas candidaturas deberán renunciar de manera formal a la ciudadanía extranjera antes de solicitar su registro como candidatos.
Además, abarca prohibiciones en ese ámbito para las personas que ya se encuentran en esos cargos, pues no podrán solicitar ni adquirir otra nacionalidad, invocar una ciudadanía ante autoridades extranjeras, hacer uso de pasaportes o documentos de identificación expedidos por otros gobiernos, ejercer derechos políticos fuera del territorio nacional ni acogerse a la protección diplomática extranjera.
La violación de estas disposiciones sería sancionada a través de los procedimientos constitucionales de juicio político y desafuero. Estas normas serían aplicables a partir del proceso electoral de 2028.
En la discusión de la reforma constitucional, diversos miembros de la oposición, integrada por el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, se posicionaron en contra del proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, pues acusaron al partido oficialista de limitar los derechos de los ciudadanos con doble nacionalidad.
“La soberanía no se defiende limitando quién ocupa los cargos. El comandante supremo no debe tener dos banderas, ¡cierto!, pero muchos de Morena tienen la bandera de México en el suelo y ondean orgullosos la bandera de los cárteles criminales”, precisó el diputado panista Germán Martínez Cázares.
En la misma línea, la legisladora panista Paulina Rubio Fernández aseguró que los “verdaderos traidores a la patria” son los funcionarios que han entregado el control de diversos estados a las agrupaciones del crimen organizado que operan en México. En este punto, la diputada hizo referencia a los gobernadores de Baja California, Tamaulipas y Sinaloa.
Por su parte, Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano, habló sobre el motivo de la reforma: “Prefieren una vez más manosear la Constitución, poner en duda una vez más la lealtad de las y los mexicanos ante el miedo que les da perder el poder que han ganado a la mala; una vez más, ahora volver a perderlo en las urnas, porque si no ganan van a buscar arrebatar”, expuso la legisladora.