El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET) llevó a cabo una jornada de asesoría jurídica y seguimiento procesal en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, como parte de las acciones institucionales orientadas a fortalecer el acceso a la justicia y garantizar una atención legal adecuada a las personas privadas de la libertad.
La actividad fue encabezada por la directora general del Instituto, Roxana Guerrero Galván, quien, acompañada por personal especializado de la Coordinación Regional Tampico, supervisó de manera directa la atención brindada a 110 personas privadas de la libertad.
Durante la jornada se realizó una revisión integral del estado procesal de los expedientes, con el propósito de verificar que cada persona cuente con una representación legal técnica, eficiente y con pleno respeto a sus derechos.
Asimismo, se otorgó atención personalizada para dar seguimiento a los procedimientos judiciales y contribuir a la agilización de los trámites correspondientes, en apego a los principios de legalidad, igualdad y acceso a la justicia.
Estas acciones forman parte de la política humanista impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a consolidar un servicio de defensoría pública gratuito, accesible y cercano a la ciudadanía, sin distinción alguna.
“Por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, nuestra presencia en los centros de reclusión es fundamental para certificar que el proceso legal de cada persona se desarrolle con estricto apego a derecho. En el Instituto no solo somos asesores legales, sino garantes de que la justicia y la dignidad lleguen a cada rincón de Tamaulipas”, señaló Guerrero Galván.
Con este despliegue de trabajo en la zona sur del estado, el Instituto de Defensoría Pública reafirma su compromiso de mantener una atención permanente en los centros de justicia y reclusión de Tamaulipas, fortaleciendo las acciones institucionales que garanticen una representación jurídica adecuada para todas y todos.
