Durante la presentación del Festival Glow México 2026, que se llevará a cabo en Puebla, José Chedraui Budib, presidente municipal de la capital poblana, denunció que existen funcionarios de su administración que extorsionaban a locatarios del estado; incluso, sus familiares han sido víctimas de este delito.
Las autoridades del Ayuntamiento de Puebla iniciaron una investigación interna después de la declaración del edil. De acuerdo con la información, los presuntos actos fueron cometidos por personal del área de Normatividad contra restaurantes del estado. Se confirmó que cuatro personas de esta dependencia se encuentran bajo investigación, luego de que el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla (Canirac) las señaló por realizar cobros irregulares a cambio de evitar clausuras en los establecimientos.
El organismo empresarial declaró que los montos exigidos por los servidores públicos oscilaban entre 3 mil y 5 mil pesos; sin embargo, hubo ocasiones en las que les solicitaron hasta 14 mil pesos, ya que esto dependía de la supuesta irregularidad que los inspectores encontraban en el inmueble.
Tras la denuncia de los hechos, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, exhortó al gobierno municipal a realizar una investigación a fondo y esclarecer las denuncias. Como respuesta, Chedraui Budib afirmó que su administración se rige bajo una política de cero corrupción y extorsión, por lo que reiteró que no se tolerarán prácticas ilícitas dentro del gobierno local.
El presidente municipal detalló que su administración mantiene una coordinación continua con organismos empresariales, entre ellos la Canirac y la Confederación Patronal de la República Mexicana, para atender las denuncias e implementar medidas de prevención. También puntualizó la importancia de los trabajos colaborativos entre el estado y las empresas privadas, pues a través de los reportes de irregularidades se puede identificar a los responsables.
El edil indicó que, después de recibir una denuncia, se activa un proceso inmediato de investigación para deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables. En su declaración, mencionó que su familia había sido víctima de este tipo de extorsión, pues presuntos inspectores llegaron a su establecimiento para solicitarles un monto de 15 mil pesos. Ante la duda, sus familiares realizaron el pago y, hasta 15 días después, se lo hicieron saber al presidente municipal.