Fue en el municipio de Chalco en el Estado de México en donde elementos de la Fiscalía General del Estado de México detuvieron a un funcionario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por su presunto vínculo con el delito de robo de agua potable.
Se trata de Christian Jesús, alias “El Jimy” quien fue detenido con fuerza por varios elementos judiciales en territorio mexiquense.
Entre otros delitos que se le señalan al funcionario destacan: secuestro, extorsión, y despojo, eso entre otros señalamientos que lo llevaron a su detención.
Este sujeto está identificado como líder del Sindicato 22 de octubre y era objetivo prioritario de las autoridades judiciales que le siguieron la pista a capturarlo.
“Era objetivo prioritario al estar relacionado con actividades delictivas en la cadena de la extracción, distribución y comercio ilícito del agua en el estado de México”.
El aseguramiento de este funcionario es parte de los resultados obtenidos del “Operativo Caudal” que se ha implantado en el la mayoría de territorio mexiquense con el fin de erradicar el robo de agua potable para su venta ilícita.
Fue el mes pasado cuando la Fiscalía mexiquense comenzó con este operativo con el fin de frenar la cadena de comercio ilícito de agua en 48 de los 125 municipios del Estado de México.
En ese operativo se aseguraron 189 inmuebles y se decomisaron 332 carros cisterna, utilizados para el transporte de agua potable de asociaciones disfrazadas como Los 300, Unson y Sindicato 22 de Octubre, entre otros.
En esta ocasión, se efectuó la segunda etapa para dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión que se giraron después de la investigación contra los líderes de estas agrupaciones y de funcionarios que protegen las actividades ilícitas.
“El Jimy” fue relacionado de parte de la Fiscalía estatal, de moverse en el comercio ilícito de agua en la entidad, intimidación a transportistas y despojo de inmuebles.
El Sindicato 22 de Octubre del cual es líder “El Jimy”, se le vincula con la invasión de la vivienda propiedad de la familia de la señora Carlota, mujer de la tercera edad que enfrenta proceso penal por el homicidio de dos personas que ocupaban de manera ilegal dicha casa de interés social.
Ayer, el regidor fue ingresado al penal estatal Neza-Bordo, donde quedó a disposición del juez de control; el poder judicial tiene 72 horas para determinar si lo vincula a proceso y emite la medida cautelar de prisión preventiva o lo deja en libertad.
