Pues bien dicen que no hay plazo que no se cumpla y este dicho ya aplica también para Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. El priista fue condenado, en 2018, a nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.
Actualmente ya cumplió el 95 por ciento de su condena, lo cual ha sido argumentado por su defensa para pedir su salida anticipada.
Con casi 8 años tras las rejas, Duarte busca que el tribunal considerara su buena conducta y tiempo cumplido de condena para obtener la libertad anticipada. Sin embargo, la jueza encargada del caso determinó que el expediente aún no está completo y que es necesario escuchar a todas las partes involucradas antes de emitir una resolución definitiva.
Ahora la petición tendrá que ser resuelta el próximo miércoles 12 de noviembre, en una audiencia programada en el mismo Reclusorio Norte.
Según relatan medios de comunicación, el exgobernador asistió a la audiencia acompañado de su defensa legal. El proceso ha llevado bastante tiempo debido a la recabación de testigos y más de 20 pruebas que darían el beneficio al exgobernador, pero dicho aplazamiento implica que la decisión final sobre su posible salida de prisión podría conocerse hasta finales de noviembre.
En la audiencia se afirmó que durante su reclusión, Javier Duarte organizaba fiestas, tenía privilegios y hasta consumía bebidas alcohólicas. Esto fue negado rotundamente por su abogado y aclaró que se trataba de latas con las que calentaba sus alimentos.
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que fue informada de que el veracruzano está por cumplir su sentencia y que no tiene conocimiento de que tenga abierto otro proceso.
Recordemos que el ex priista se desempeñó como gobernador de Veracruz desde el 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016, es decir, le faltaron solo 48 días para que su encomienda finalizara oficialmente.
Pero su administración estuvo bajo los reflectores una y otra vez, desde el desvío de recursos hasta la entrega de medicamentos falsos para enfermos. De acuerdo con investigaciones de la Procuraduría General de la República y la Auditoría Superior de la Federación, entre 2010 y 2016, el gobierno de Duarte habría desviado, entre 62 mil y 73 mil millones de pesos del erario estatal.
Tras el escándalo, el entonces gobernador decidió separarse del cargo, supuestamente para limpiar su nombre y el de su familia, afirmando que las acusaciones eran falsas y que el tiempo le daría la razón.
El 17 de octubre de 2016 se dio a conocer que se liberó una orden de aprehensión en contra de Duarte. Esto sucedió luego de una denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada. Sin embargo, el político para ese entonces ya se encontraba prófugo.
Pero 6 meses después, fue detenido en Guatemala en 2017 y posteriormente sentenciado por lavado de dinero y asociación delictuosa, tras ser acusado de encabezar una red de desvío de recursos durante su gestión como gobernador de Veracruz.
