Embolsado, atado a un sillón y arrojado al fondo de un canal de aguas negras. Así fue encontrado el cuerpo del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, de 43 años, reportado como desaparecido desde el 27 de octubre, en un caso que mantuvo en tensión a la Diócesis de Cuautitlán, a su comunidad parroquial y a los cuerpos de búsqueda del Estado de México durante más de dos semanas.
El hallazgo ocurrió el 11 de noviembre en territorio de Nextlalpan, cuando peritos especializados localizaron un mueble hundido en el cauce. Las bolsas negras estaban amarradas con cinta; dentro fueron encontrados los restos del sacerdote. La confirmación genética llegó la madrugada del 13 de noviembre, cerrando un capítulo marcado por silencios, versiones contradictorias y una línea de investigación constante: el inmueble donde fue visto por última vez.
La Fiscalía mexiquense detuvo a dos personas: María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”. Ambos fueron capturados en la colonia Centro de Cuautitlán, trasladados a reclusorios distintos y puestos ante la autoridad judicial. De acuerdo con la fiscalía, intervinieron de forma dolosa, conjunta y planificada en la desaparición y homicidio del sacerdote. La reconstrucción de los hechos los coloca dentro del mismo inmueble, participando en la agresión, el ocultamiento del cuerpo y su traslado final.
El 27 de octubre, el sacerdote salió de su domicilio hacia un punto en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, Tultitlán, acompañado de una mujer. Ese trayecto quedó registrado como la última imagen confirmada. En el lugar lo esperaba Brandon Jonathan “N”. Las primeras diligencias señalan que convivieron durante varias horas, consumieron alcohol y estupefacientes y permanecieron dentro del inmueble sin que nadie saliera. Los peritajes establecen que la agresión ocurrió antes de la medianoche.
Según la investigación, Brandon utilizó un objeto punzocortante para provocar heridas mortales. Más tarde llegó María Fernanda “N”, pareja del agresor, quien participó en las maniobras para deshacerse del cuerpo. Los tres envolvieron los restos en bolsas, los amarraron a un sillón viejo y dejaron el mueble en el departamento hasta el 30 de octubre, cuando lo trasladaron hacia Nextlalpan, zona con accesos secundarios y puntos de descarga clandestina.
El caso tomó fuerza pública el 1 de noviembre, cuando la Diócesis de Cuautitlán difundió la desaparición del sacerdote e informó que las autoridades ya aplicaban los protocolos de búsqueda. Para entonces, la fiscalía había identificado el inmueble de Tultitlán como punto clave: sin presencia del sacerdote, pero con indicios de violencia. Testimonios posteriores confirmaron que dos personas sacaron un sillón del edificio días antes del hallazgo.
El 11 de noviembre, los equipos de búsqueda localizaron el mueble en un canal de Nextlalpan. Fue asegurado y trasladado a instalaciones periciales. La identidad de la víctima quedó confirmada el 13 de noviembre mediante confronta genética.
La fiscalía imputó a los detenidos los delitos de homicidio, desaparición cometida por particulares y ocultamiento de cadáver. Según la carpeta, hubo planeación, intención y colaboración conjunta para privar de la libertad al sacerdote, atacarlo, ocultar el cuerpo y alterar la escena.
Los testimonios recabados, incluidos los de los propios detenidos, coinciden en que el sacerdote permaneció dentro del inmueble desde su llegada hasta el momento de su asesinato. La fiscalía no descarta más implicados, pero confirma que el núcleo del crimen se concentra en los dos detenidos.
El asesinato de Ernesto Baltazar ocurre en un contexto de violencia sostenida contra clérigos en México. Entre 1990 y 2024, organizaciones civiles registran 67 sacerdotes asesinados, muchos en zonas marcadas por disputas criminales. Si bien no se ha acreditado vínculo entre este caso y estructuras delictivas, el entorno de riesgo para ministros religiosos continúa al alza.
La fiscalía sigue integrando la carpeta con dictámenes forenses, análisis de telefonía, inspecciones en el inmueble de Tultitlán, verificación de la ruta del sillón y revisión de cámaras en Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Cuautitlán. Los detenidos ya fueron presentados ante un juez, quien definirá su situación jurídica en las próximas audiencias.
Mientras tanto, la comunidad que atendía el sacerdote permanece en duelo. La diócesis prepara una misa especial y ha pedido respeto para la familia durante el proceso.
