Una bala que le ingresó por el tórax y salió por su abdomen, fue la que terminó con la vida de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán.
Lo dijo sin rodeos el fiscal Carlos Torres Piña: la necropsia contabilizó siete heridas de bala en el cuerpo del presidente municipal; hecho que lo llevó a ser trasladado al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde finalmente murió.
En el mismo tiroteo, un elemento de Protección Civil resultó herido y permanece hospitalizado en estado grave, mientras el regidor Víctor Hugo de la Cruz sufrió lesiones menores también causadas por arma de fuego. Ese es el punto de partida de una investigación que, en pocas horas, ha puesto orden en los minutos, en los trayectos y en el arma homicida.
La carpeta de investigación abierta reúne más de 40 dictámenes periciales: balística, criminalística, medicina forense, química y genética, lofoscopía, toxicología, fotografía y análisis de video, además de un retrato hablado y fotos integras de al menos 13 tatuajes visibles en las extremidades del homicida.
Con ese bloque técnico, la Fiscalía tejió la secuencia del agresor desde la tarde hasta el momento de los disparos: a las 16:00 horas se hospedó en solitario en un hotel del Centro, a pocos pasos de la Plaza Morelos; minutos después salió y acudió a una tienda de conveniencia usando una playera negra; más tarde se puso encima una sudadera blanca con capucha.
Ya de noche, alrededor de las 20:00, emprendió el camino hacia al corazón del Festival de las Velas. Primero intentó entrar por el acceso principal; la gente no lo dejó y las vallas perimetrales, tampoco. Fue entonces cuando rodeó el área, subió al jardín lateral, acortó distancia y, frente al altar de la Catrina, disparó siete veces. Corrió unos pasos pero fue abatido segundos después.
El arma que dejó tirada la escena es una pistola calibre 9 milímetros, misma que ha sido vinculada con dos ataques previos en Uruapan:
El primero el 16 de octubre, en la colonia Tierra y Libertad en Morelia, donde fueron ejecutadas dos personas; los casquillos de ese lugar comparten las mismas marcas de percusión y expulsión que la 9 mm asegurada en la plaza.
El segundo el 23 de octubre, en el bar de La Gran Parada en Uruapan, donde dos trabajadores resultaron heridos; uno de ellos muerto al recibir atención médica. Los proyectiles extraídos y los casquillos percutidos de ese bar coinciden con el mismo cañón. Tres escenas y una sola pistola. 18 días de recorrido para un arma que ya había hablado antes.
Del agresor solo hay un cuerpo y una edad estimada: entre 17 y 19 años. Nadie lo ha reclamado. Las pruebas de rodizonato de sodio resultaron positivas en ambas manos —sí disparó— y la toxicología detectó anfetaminas y marihuana. La Fiscalía envió al INE las huellas dactilares; no hay coincidencias en la base consultada. Eso abre dos opciones, explicó Torres Piña: que no tuviera credencial o que fuera menor de edad. Mientras se cruzan ADN y señas particulares.
Además hay tres videos que sostienen la mecánica: hotel del Centro; compra en la tienda; regreso con sudadera blanca; aproximación, rodeo por el jardín y ráfaga de siete tiros a corta distancia. Los dictámenes de criminalística fijaron siete casquillos, confirmaron distancia menor a dos metros y describieron la trayectoria descendente del disparo mortal. Con esa base, el fiscal fue puntual: intervinieron al menos dos personas en el homicidio; el autor material cayó en el sitio, y se investiga la participación de otra u otras en apoyo y logística, con crimen organizado detrás de la operación.
El resto del cuadro institucional se mueve en paralelo. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció la instalación de una mesa permanente con Fiscalía, SEDENA, Guardia Nacional y SSP; reiterando que Uruapan no quedará solo y que se buscará a los autores intelectuales del crimen.
Por su parte el general Juan Bravo Velázquez, de la 21 Zona Militar, recordó las cuatro reuniones previas con Manzo —la última fechada el 21 de octubre— y aseguró un despliegue y total coordinación en la región.
Mientras avanza la investigación, es imposible pasar por algo que al momento, además de los elementos probatorios, existe una viuda y dos menores huérfanos de padre que exigen justicia y que, en el caso particular de Grecia Quiroz, pide educar a los hijos en casa para evitar que otras personas lloren a sus seres queridos por una mala decisión.
En tanto, una sociedad enfurecida exige y seguirá exigiendo justicia por el asesinato de a quien consideraban, su defensor más cercano y real, sin importar haber vivido con miedo y haberse arriesgado todos los días hasta ese fatal primero de noviembre.
