Sinaloa enfrenta una crisis económica y de inseguridad desde la llegada de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de la entidad federativa. Durante los últimos 20 meses, el sector empresarial ha realizado solicitudes derivadas de esta situación. Al no obtener respuestas, este grupo presentó un pliego petitorio a la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, en el que exigieron acciones contundentes y constantes.

En el escrito participaron 49 organismos del sector empresarial de Sinaloa y puntualizaron que se dirigieron a la gobernadora debido a la situación actual del estado. Recalcaron que la crisis ha rebasado el ámbito local del que muchas familias sinaloenses dependen. Actualmente, la entidad federativa vive momentos de tensión, pues a finales de abril el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos acusó al exgobernador Rocha Moya y a otros nueve funcionarios de narcotráfico.

En las imputaciones a los diez sujetos, la autoridad estadounidense señaló que, debido a que abusaron de su poder, beneficiaron a la facción de “Los Chapitos”, lo que permitió que estos actuaran con total impunidad en Sinaloa. Esto agravó la crisis de inseguridad que se vive en el estado, además de las problemáticas económicas derivadas de la misma situación.

Los empresarios señalaron que ya habían enviado diversas solicitudes a Rocha Moya, las cuales, en su mayoría, no fueron atendidas por su administración con la inmediatez que este sector consideró necesaria.

Destacaron que la señal más grave de la magnitud de la crisis que enfrenta el estado es que S&P Global Ratings colocó a la entidad federativa bajo revisión especial negativa, después de las imputaciones hacia los diez funcionarios, advirtiendo que se comprometería el acceso del estado a financiamiento y el pago de sus obligaciones.

En su pliego señalaron cuáles son las acciones que exigen para resolver la crisis que enfrenta el sector empresarial. En primer lugar, pidieron un blindaje estratégico de zonas económicas en Sinaloa, garantizando condiciones mínimas de seguridad para la actividad económica en centros, malecones, carreteras y sistemas de transporte.

Pidieron también que se otorgue un alivio fiscal para micro, pequeñas y medianas empresas de la región que se han visto afectadas, mediante esquemas claros de apoyo que incluyan descuentos, condonaciones y prórrogas de impuestos estatales y federales.

Entre las otras demandas se encuentra la creación de un fondo emergente para empresas estatales que ayude a negocios que se han visto forzados a cerrar o reducir su operación debido a la crisis económica y de inseguridad que ha envuelto a Sinaloa. Además, exigieron que se establezcan consejos ciudadanos con autonomía real y mesas permanentes de diálogo con las autoridades.

Sobre el tema de inseguridad que ha afectado el comercio en Sinaloa, los empresarios exigieron que las fuerzas de seguridad cuenten con profesionalización, perfiles con trayectorias impecables, verificables y sin intereses políticos, así como reducir la impunidad.

Por otro lado, exhortaron al Gobierno de Sinaloa a fortalecer la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado. Señalaron que se deben endurecer mecanismos ciudadanos independientes que evalúen el desempeño de las autoridades y se garantice la autonomía de los consejos estatal y municipales de Seguridad Pública.

Entre los organismos que se unieron a esta petición se encuentran: la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles de Culiacán, así como la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), entre otros.