En el marco de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha enfrentado turbulencias con el de Donald Trump por dos casos puntuales que involucran a funcionarios mexicanos: el primero, las imputaciones del Departamento de Justicia hacia diez funcionarios públicos por narcotráfico; y el segundo, la presencia de la CIA en territorio nacional.
A solo semanas de que inicien las negociaciones para la primera reunión formal del T-MEC, expertos advirtieron que el contexto diplomático actual entre México y Estados Unidos podría afectar el futuro de dicho acuerdo. En el encuentro, que se celebrará el próximo 1 de julio de 2026, se decidirá si se renovará el tratado o, por el contrario, se dará por terminado.
En las últimas semanas, después de que Estados Unidos presentó su nueva Estrategia Nacional de Control de Drogas, en la que señaló a los cárteles mexicanos como “agrupaciones terroristas extranjeras”, el Gobierno de Donald Trump ha exigido al Ejecutivo Federal mexicano que fortalezca sus medidas para combatir al narcotráfico, específicamente el que se encarga de importar drogas ilícitas hacia su país.
En días anteriores, el presidente Donald Trump aseguró que México estaba gobernado por narcotraficantes, luego de que se dieran a conocer las imputaciones en contra de diez funcionarios morenistas de Sinaloa por narcotráfico, entre ellos: el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil y el senador Enrique Inzunza.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido que no puede ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de los sujetos, pues las autoridades estadounidenses no han entregado las pruebas completas sobre este caso, a pesar de que, de acuerdo con el proceso, las pruebas se tendrían que entregar después de que los imputados fueran puestos en prisión preventiva.
Ante la falta de respuestas del Gobierno de México, Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE.UU., expuso en una comparecencia ante el Senado y la Cámara de Representantes que México debía “dar un paso adelante” en cuanto a este tema, de lo contrario su gobierno tendría que intervenir. Además, el titular de la Administración de Control de Drogas (DEA), Terrence Cole, advirtió que el caso de Rocha Moya era el inicio de una serie de imputaciones en contra de más funcionarios mexicanos coludidos con grupos del crimen organizado.
Sin embargo, este no es el único tema que enfrentan las relaciones diplomáticas de México y Estados Unidos. En abril se dio a conocer la probable participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo que tuvo como fin desmantelar uno de los narcolaboratorios más grandes del país, perteneciente al Cártel de Sinaloa. La gobernadora Maru Campos fue señalada por permitir que agentes extranjeros intervinieran en territorio nacional, lo cual constituye una violación a la Constitución mexicana.
Desde entonces, se comenzó a cuestionar la influencia y presencia de la CIA en México, pues a la par se especuló que fueron elementos de esta agencia quienes instalaron una bomba en un automóvil en Tecámac, Estado de México, para abatir a Francisco “El Payín” Beltrán del Cártel de Sinaloa.
Mientras la administración de Claudia Sheinbaum endurece su postura de que, a toda costa, se debe fortalecer la soberanía nacional, el Gobierno estadounidense insiste en que se debe intensificar el combate al crimen organizado. Expertos advirtieron que el Ejecutivo Federal mexicano debe seguir cooperando con las autoridades del país vecino, pues de lo contrario la negociación del T-MEC se verá afectada y eso impactará de manera directa y negativa a las familias mexicanas.