La Tierra Caliente en Michoacán volvió a arder y esta vez lo hizo con una violencia desbordada: jornaleros ejecutados a plena luz, avionetas reducidas a chatarra por drones cargados con explosivos, un autobús incendiado en plena carretera federal y un dron con bomba que cayó intacto detrás de una primaria en Zapotán, a la vista de todos, sin resguardo.
La escena fue digna de un campo de guerra, pero ocurrió en comunidades rurales habitadas por familias, comerciantes y niños que quedaron atrapados entre el fuego cruzado y la indiferencia del Estado.
La jornada comenzó la tarde del sábado y se prolongó hasta entrada la mañana del domingo, dejando como saldo preliminar al menos tres personas asesinadas, una comerciante atacada, tres avionetas destruidas y una comunidad escolar entera sin clases.
Las primeras noticias llegaron desde la ranchería El Ahijadero, municipio de Coahuayana. Ahí, vecinos reportaron la entrada de un comando de hombres armados con fusiles de asalto y chalecos tácticos. Minutos después aparecieron los cuerpos de tres jornaleros. Uno de ellos fue identificado como Rafael, de 22 años, albañil de la localidad, quien yacía en el pavimento. Otro, de nombre Jorge, comerciante de la comunidad de La Loma, fue localizado dentro de una camioneta Toyota Hilux gris con placas FH3-63-1A.
Los criminales responsables no se conformaron con las ejecuciones. Según denuncias locales, varios vecinos fueron retenidos durante la incursión. El clima de terror se extendió a los poblados cercanos: Santa María y Zapotán también fueron alcanzados por las balas.
En Santa María, hombres armados quemaron un autobús de pasajeros sobre la carretera federal 200 Lázaro Cárdenas–Colima, a la altura del puente de Coahuayana. El fuego convirtió el vehículo en una estructura retorcida de metal y humo, mientras en Zapotán los enfrentamientos prolongaron la tensión hasta la madrugada.
La comunidad quedó dividida en el miedo: la mitad indígena, perteneciente a San Miguel Áquila, y la mitad ejidal, ambas sometidas a la misma violencia.
En la madrugada del domingo, los ataques se multiplicaron. Desde la comunidad de Magallanes, en el Ejido La Parotita, municipio de Tepalcatepec, un grupo armado se dirigió hacia la pista de aterrizaje conocida como La Parota. Allí, tres avionetas tipo Cessna quedaron destrozadas.
Una de ellas, modelo 1956, color blanco con rojo, fue reducida a escombros tras el impacto de un explosivo lanzado con ayuda de un dron. Las otras dos, con matrículas XB-BKG y XB-JCD, presentaban múltiples orificios de bala y daños severos por el fuego.
La techumbre del hangar, hecha de lámina metálica, quedó perforada con boquetes provocados por drones explosivos, mientras en la pista los agresores dejaron sembradas estrellas ponchallantas. Elementos de la Guardia Civil llegaron horas después y solo pudieron confirmar los daños materiales. Aunque ninguna persona resultó lesionada, la escena hablaba por sí sola: tres aeronaves destruidas en tierra, víctimas de drones que ya no se usan solo en combates militares, sino también en la guerra criminal que consume a Michoacán.
En Zapotán, vecinos reportaron un hallazgo aterrador. En plena vía pública, detrás de la escuela primaria del pueblo, cayó un dron con un explosivo adherido con cinta adhesiva. La bomba no detonó, pero quedó a la vista de todos, sin resguardo policial, en medio de casas y comercios, generando un riesgo inminente.
La violencia no se detuvo ahí. Sobre la carretera federal México 200, en territorio colimense, hombres armados incendiaron otro autobús de pasajeros y, en paralelo, una mujer productora de bebidas de maguey de piedra fue atacada cuando viajaba desde Palos Marías hacia la cabecera municipal de Coahuayana. Su vehículo quedó con múltiples impactos de bala, pero logró huir y refugiarse en una Base de Operaciones Interinstitucionales. Salió ilesa, aunque su camioneta evidenciaba la intensidad del ataque.
Esta jornada violenta coincidió de forma incómoda con el Cuarto Informe de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla. Mientras en Coahuayana y Tepalcatepec caían drones explosivos, se incendiaban autobuses y se contabilizaban muertos, en el Centro de Convenciones de Morelia el gobernador hablaba de todo menos de seguridad.
Frente a funcionarios, legisladores y simpatizantes de Morena, Bedolla destacó obras públicas millonarias, los futuros teleféricos de Uruapan y Morelia, la rehabilitación de carreteras, el sistema de vigilancia Guardián Forestal y programas de educación, pero el tema de la violencia ni siquiera apareció en el discurso oficial.
Ya entrada la noche del domingo, los reportes consolidaban un panorama desolador:
- Tres hombres asesinados en El Ahijadero.
- Una comerciante atacada, ilesa de milagro.
- Tres avionetas destruidas en Tepalcatepec.
- Un autobús de pasajeros calcinado en la carretera 200.
- Un dron con explosivo intacto en Zapotán, junto a una escuela.
- Vehículos incendiados en distintas carreteras, incluyendo Pátzcuaro y Erongarícuaro.
El Ayuntamiento de Coahuayana, encabezado por el alcalde Andrés Aguilar Mendoza, fue el primero en reaccionar y emitió un comunicado pidiendo públicamente al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la presidenta Claudia Sheinbaum redoblar la presencia de fuerzas federales en la región para garantizar la seguridad de las familias.
En otro escrito exhortó a la ciudadanía a evitar desplazamientos innecesarios y anunció la suspensión de clases en todos los niveles a partir del lunes 29 y hasta nuevo aviso. La medida, en lugar de contar con apoyo estatal, le valió una sanción por “no tener facultades” para aplicarla.
Los hechos ocurren en un momento en que Michoacán vive una escalada sin precedentes en el uso de tecnología criminal. Apenas en mayo de este año, una mina antipersona mató a seis militares en la frontera con Jalisco. Hoy, los drones con explosivos reaparecen como arma de guerra irregular en la Sierra-Costa y la Tierra Caliente, mientras el Cártel Jalisco Nueva Generación es señalado por múltiples fuentes como el grupo detrás de los ataques.
La ofensiva ocurrió a menos de 10 kilómetros de instalaciones militares, evidenciando la capacidad de operar en zonas que deberían estar resguardadas. La región de Coahuayana, colindante con Colima, lleva años en disputa por el control de rutas de trasiego y por la producción agrícola, especialmente de limón y aguacate.
La autoridad asegura estar trabajando, pero la población permanece bajo alerta. El sonido de las balaceras recientes retumba en la memoria de los pobladores, que ahora conviven con la presencia silenciosa de artefactos explosivos capaces de acabar con decenas de vidas en cuestión de segundos.
La jornada violenta del fin de semana en Michoacán dejó mucho más que cifras: dejó la certeza de que la guerra criminal se libra con armamento cada vez más sofisticado y con efectos directos en la vida cotidiana. Hoy el mensaje del crimen organizado es claro: Michoacán sigue siendo un campo de batalla.
