De acuerdo con datos oficiales del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), el precio del aguacate al mayoreo presentó variaciones constantes según el peso y la presentación del producto. Al realizar un promedio general de los distintos precios registrados en mercados nacionales, considerando cajas y presentaciones mayoristas, el costo del aguacate se ubicó alrededor de 36 pesos por kilogramo en promedio durante 2025. Este precio corresponde al valor previo a la distribución comercial, es decir, al punto más cercano al productor.
Sin embargo, el precio que enfrentó el consumidor final fue considerablemente más alto. A lo largo del año, en mercados públicos y establecimientos minoristas, el aguacate se vendió en rangos muy amplios: desde 40 pesos por kilo en algunos puntos del país, hasta más de 100 pesos por kilogramo en ciudades donde la demanda fue más alta. Al promediar los precios documentados durante el año en mercados populares y zonas urbanas, el precio estimado para la “gente de pie” fue de aproximadamente 64 pesos por kilogramo. Un gran aumento considerando que en 2024 el promedio era de 56 pesos por kilo.
La diferencia entre el precio al mayoreo y el precio al público revela una brecha significativa. Mientras el productor vende el kilo a poco más de 30 pesos, el consumidor termina pagando casi el doble, e incluso más en momentos críticos. Esta disparidad ha sido uno de los principales motivos de inconformidad tanto de agricultores como de compradores.
A mediados de 2025, el precio del aguacate alcanzó uno de sus picos más altos. En julio, el kilo llegó a venderse hasta en 120 pesos en algunas ciudades del país, impulsado por una alta demanda, menor oferta y problemas en las cadenas de producción. Este incremento detonó protestas de agricultores y reclamos ciudadanos ante lo que se percibía como un encarecimiento desproporcionado de un producto básico en la dieta mexicana.
Entre las causas de esta inestabilidad destacan factores estructurales: denuncias constantes de extorsión por parte del crimen organizado a productores, bajos pagos al agricultor, inseguridad en regiones clave como Michoacán y dificultades logísticas para la distribución. Pues, según el reporte de 2020 Aguacate: El desierto verde mexicano, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 80 por ciento de las huertas del fruto que entonces estaban produciendo se instalaron de manera ilegal, es decir, mediante un cambio de uso de suelo no autorizado y clandestino.
Hacia diciembre de 2025, el precio del aguacate mostró una ligera estabilización, aunque sin regresar a niveles bajos. El año cerró con precios superiores a los 50 pesos por kilogramo al consumidor, confirmando que, pese a una producción elevada, el beneficio económico no se tradujo en alivio para los compradores ni en mejores condiciones para muchos productores, quienes siguen enfrentando problemáticas en la distribución de sus productos. Recordemos las recientes protestas de los limoneros, pues les han llegado a pagar hasta 2 pesos por kilogramo, un precio que resulta irrisorio considerando el trabajo de los agricultores.
El caso del aguacate a lo largo del año deja una pregunta abierta: ¿de qué sirve una alta producción si el productor sigue vulnerable ante la violencia del crimen organizado y los distribuidores, y el consumidor paga precios que superan su poder adquisitivo en la canasta básica? La respuesta parece estar en la necesidad de atender la seguridad en el campo, regular las cadenas de distribución y garantizar condiciones más justas en uno de los sectores agrícolas más importantes del país.
