Luego del trágico descarrilamiento del Tren Interoceánico que ha dejado decenas de víctimas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encendió ayer una nueva polémica al afirmar que está de acuerdo en que se investigue a Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fungió como supervisor honorífico de la obra ferroviaria.
Durante su conferencia matutina el lunes 19 de enero en Palacio Nacional, la mandataria respondió a las demandas de legisladores del PAN, que han insistido en que la Fiscalía General de la República (FGR) incluya al hijo de AMLO entre los posibles responsables del accidente. Sheinbaum señaló: “Que se investigue todo, sí, aquí no se cubre a nadie… pero no necesitaban hacer una denuncia, porque por el accidente se abre una carpeta de investigación y dependiendo de la causa, evidentemente, se revisa.”
La presidenta fue enfática al deslindar a López Beltrán de responsabilidades técnicas directas en la obra, señalando que su papel fue honorífico y limitado a supervisar tiempos y etapas, mientras que la responsabilidad técnica recae en los ingenieros que dirigieron la construcción.
A pesar de ese deslinde, la presión por esclarecer posibles vínculos familiares, tráfico de influencias y manejos de contratos no cesa. Grupos de oposición han exhibido audios y documentos que, según algunas versiones, vinculan a “Bobby” López con acuerdos comerciales y distribución de contratos, incluso relacionados con el balasto utilizado en la obra.
Sheinbaum adelantó que la FGR presentará en esta semana o la próxima un dictamen preliminar sobre las causas del accidente, que incluirá datos claves como la lectura de cajas negras y análisis técnicos forenses. Según Sheinbaum, será ese informe el que permitirá determinar con precisión responsabilidades y dar inicio a la reparación integral del daño para las víctimas y sus familias.
Mientras tanto, el debate entre política, justicia y tragedia humana continúa, con la figura de Gonzalo López Beltrán en el centro del huracán mediático, cuestionado por adversarios y defendido con reservas por el mismo gobierno que ahora investiga.
