Tras el bloqueo de cuentas bancarias del senador Enrique Inzunza, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se provocó que la Cámara Alta de la República tuviera un conflicto legal, debido a que está obligada a pagarle la dieta mensual de más de 132 mil pesos, pero dicho bloqueo no permite que se le hagan transferencias. Además, la Ley de Instituciones de Crédito estipula que se sancionará a quien mantenga operaciones con personas que se encuentren en la lista de bloqueados.

De acuerdo con el artículo 115 de dicha ley, se establece el listado de las personas y se ordena que los bancos deben suspender toda operación o servicio con el cliente que tiene las cuentas bloqueadas por parte de la UIF.

Además, en el mismo artículo se advierte que “la violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores… con multa equivalente del 10% al 100% del monto del acto, operación o servicio que se realice con un cliente o usuario que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas a que se refiere este artículo”.

Por otro lado, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la Ley Antilavado, califica a los senadores como personas “políticamente expuestas” a la realización de ese delito; por esto, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a vigilar de manera recurrente los flujos de dinero de estos funcionarios públicos.

Asimismo, la Ley del Impuesto sobre la Renta obliga al Senado de la República a transferir el sueldo al senador, para que se compruebe el pago de los impuestos correspondientes a Enrique Inzunza.

Según la información, las autoridades administrativas de la Cámara Alta realizan un análisis jurídico para evaluar cuáles son las opciones para poder conciliar dicha obligación y no incumplir las especificaciones de ley sobre las personas que cuentan con cuentas bancarias bloqueadas.

En paralelo, Inzunza también enfrenta cuestionamientos por parte de los senadores de oposición debido a su ausencia en su escaño, desde que fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de narcotráfico, junto con otros nueve funcionarios morenistas de Sinaloa. El senador informó que, a pesar de las imputaciones en su contra, no solicitará licencia para separarse de su cargo; sin embargo, ya casi se cumple un mes desde su última aparición en la Cámara Alta.

Recientemente, se anunció su posible reaparición en su escaño, hoy 21 de mayo, debido a que tiene que presentarse a la sesión extraordinaria que tendrá el Senado por la iniciativa de reforma a las elecciones judiciales. Hasta el momento no se ha confirmado si asistirá.