En un giro inesperado, La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aplazar la discusión del polémico proyecto de sentencia promovido por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, luego de que decenas de organizaciones civiles alertaran sobre su impacto negativo en la defensa de derechos colectivos y ambientales.
La propuesta derivada de la contradicción de criterios 217/2021, habría determinado que el solo hecho de que una ONG tenga en su acta constitutiva su misión de proteger el medio ambiente no bastaría para que pudiera promover un amparo en defensa del interés legítimo colectivo. Con ello, muchas organizaciones perderían la posibilidad de litigar aunque su objeto social claramente busque defensa ambiental.
El problema, advierten las organizaciones, es que ese cambio no solo afectaría litigios futuros: también podría invalidar acciones actualmente en curso dejando vulnerables procesos que defienden territorios, agua, ecosistemas o derechos sociales.
Ante las críticas, el presidente de la corte, Hugo Aguilar Ortiz, accedió a mantener el asunto en lista luego de recibir “solicitudes de audiencia” de organizaciones interesadas lo que abre posibilidad a un debate más amplio y participativo.
El llamado de las organizaciones —entre ellas Centro Prodh y Greenpeace México— fue claro: “restringir la legitimación activa equivale a debilitar la justicia ambiental y cerrarles la puerta a comunidades y colectivos que luchan por un entorno sano”.
Con este aplazamiento, se mantiene la posibilidad de que la justicia siga siendo una herramienta accesible para quienes defienden el medio ambiente, pero el debate sigue abierto y con alto riesgo para la participación ciudadana.
