Cárdenas, Tabasco.— La muerte de un motociclista provocó una jornada de violencia en la ranchería Azucena Segunda Sección, en el municipio de Cárdenas, Tabasco, donde pobladores incendiaron al menos dos patrullas de la Guardia Estatal y prendieron fuego a las instalaciones de la delegación municipal.
Los hechos se registraron este domingo, luego de que habitantes exigieran esclarecer el fallecimiento del motociclista, ocurrido el pasado 13 de agosto en el tramo Frontera-kilómetro 23, en la ranchería Encrucijada Cuarta Sección.
De acuerdo con la versión difundida por pobladores y familiares de la víctima, el motociclista habría sido embestido por una unidad de la Policía Municipal que presuntamente circulaba a exceso de velocidad. Esta situación generó indignación entre habitantes de la zona, quienes responsabilizaron a elementos policiales y demandaron una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente.
La protesta escaló cuando elementos de seguridad arribaron a la comunidad. Según reportes, los habitantes rodearon las unidades oficiales, lanzaron piedras contra los agentes y posteriormente incendiaron al menos dos patrullas. También fue atacada la delegación municipal, cuyo personal quedó impedido para salir debido al bloqueo de la vía principal.
Videos difundidos en redes sociales muestran momentos de tensión, con grupos de pobladores enfrentándose verbal y físicamente con elementos de seguridad mientras las unidades oficiales eran consumidas por el fuego.
Ante la situación, el Gabinete de Seguridad de Tabasco emitió un comunicado para deslindar a la Guardia Estatal de la muerte del motociclista. La dependencia aseguró que los elementos que acudieron a Azucena no estaban relacionados con el incidente ocurrido días antes.
Según la autoridad estatal, los agentes acudieron al poblado para atender una denuncia por violencia familiar y amenazas de muerte. Una vez concluida la diligencia, cuando se disponían a retirarse, fueron interceptados y agredidos por pobladores, quienes posteriormente incendiaron los vehículos oficiales.
Las autoridades mantienen abiertos los canales de diálogo con los habitantes para intentar liberar los accesos y restablecer el orden en la comunidad, mientras permanece la exigencia de esclarecer la muerte del motociclista y determinar las responsabilidades correspondientes.
