Tras cumplirse 12 años de los hechos ocurridos en Ayotzinapa durante la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, el Gobierno Federal presentó un nuevo informe sobre el caso, en el que confirmó la investigación de nuevas pistas. Por otro lado, reiteró que el Ejército Mexicano respondió que no tiene más informes sobre el hecho, además de los que ya ha entregado con anterioridad.
El nuevo reporte fue presentado por Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, así como por el fiscal Mauricio Pasarán Álvarez, titular de la Unidad de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
Entre las nuevas líneas de investigación que se presentaron el lunes 28 de septiembre se anunciaron las funerarias de Iguala, los hechos en la Barandilla de la ciudad, el uso de celulares de normalistas después de que desaparecieron y el destino de los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia.
A pesar de revelar estas nuevas pistas, el subsecretario se limitó a repetir la versión de que el Ejército no dispone de otra información más que la que ha sido entregada a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos, tal como lo ha reiterado la Secretaría de la Defensa Nacional. Los familiares de los desaparecidos han reclamado las 866 páginas de un material procesado en la época de las desapariciones en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Guerrero.
Entre esos reportes, reclaman conocer los informes del agente de inteligencia militar Julio César López Patolzin, quien estaba infiltrado en la Escuela Normal de Ayotzinapa y también se encuentra entre los 43 desaparecidos.
Medina Padilla aseguró que “el compromiso del Gobierno de México es claro: encontrar a los jóvenes, conocer la verdad sobre lo ocurrido y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables”. También resaltó que, cuando ocurrieron los hechos en 2014, Guerrero enfrentaba actos de corrupción y vínculos criminales entre las autoridades estatales y la delincuencia organizada.
El fiscal Pasarán informó que la noche de la desaparición de los normalistas existió comunicación telefónica entre elementos del grupo criminal Guerreros Unidos y Rodolfo Ruefa, dueño de la funeraria El Ángel. Además, en cateos se hallaron irregularidades en la funeraria, como un resto óseo escondido en un cajón, un arma de fuego de uso militar, un horno clandestino, así como papelería en blanco con sellos y firmas para traslados e inhumación de cadáveres.
También confirmaron que algunos de los teléfonos celulares de normalistas fueron usados después de que desaparecieran, en específico los de Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Aníbal Cruz Mendoza e Israel Caballero Sánchez.
Durante el informe, Pasarán reforzó la hipótesis de que los normalistas fueron llevados a la Barandilla de Iguala y ratificó que otra línea de investigación es el destino que tuvieron los videos captados por las cámaras de vigilancia del Palacio de Justicia que, hasta el momento, se han reportado como ilocalizables.