El caso de bullying extremo en una primaria de Aguascalientes encendió la indignación pública luego de que una niña de aproximadamente 10 años regresara a casa con golpes visibles y rastros de sangre, situación que fue denunciada por su familia en videos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales. Las imágenes y testimonios detonaron un reclamo directo contra directivos escolares y autoridades educativas por una falta de acción ante agresiones reiteradas.
De acuerdo con las declaraciones de la madre y la abuela de la menor, la estudiante habría sido víctima de acoso y violencia física por parte de otras alumnas dentro del plantel. La familia asegura que las agresiones no fueron un hecho aislado, sino parte de un patrón que ya había sido reportado previamente a personal de la escuela sin que se aplicaran medidas efectivas de protección.
Los tutores difundieron grabaciones donde muestran lesiones y relatan que la menor llegó con marcas de golpes, lo que los llevó a confrontar a directivos para exigir explicaciones y acceso a las cámaras de seguridad. Señalan que la revisión del material fue limitada y que no obtuvieron claridad total sobre cómo ocurrieron los hechos dentro de las instalaciones.
Tras la viralización del caso, medios nacionales retomaron la denuncia. Hasta ahora, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas de Aguascalientes no han emitido un comunicado público detallado con declaraciones prolongadas sobre este caso específico, pero sí se ha registrado una postura oficial a través del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), el director Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, afirmó que el protocolo para atender casos de acoso escolar se aplicó de forma oportuna desde septiembre, aunque sostuvo que las lesiones recientes derivaron de un accidente ajeno al conflicto, y detalló algunas medidas como el cambio de salón para las alumnas involucradas y la posibilidad de un cambio de plantel.
El caso reabrió el debate sobre la capacidad de respuesta de las escuelas ante el bullying, así como la necesidad de fortalecer la prevención, la supervisión y la atención psicológica a víctimas. La familia, por su parte, informó que ya acudió a instancias correspondientes para presentar denuncias formales y solicitar garantías de seguridad para la menor, mientras continúa la exigencia de justicia y transparencia en el manejo del caso.
