El caso por la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas volvió a encender la indignación pública tras mensajes y videos en redes que cuestionan el nulo avance de la investigación y señalan la vida social de un empresario vinculado al Axe Ceremonia, reavivando el reclamo de justicia y cero impunidad.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México enfrenta nuevos cuestionamientos públicos tras reactivarse en redes sociales las críticas por el avance de la investigación sobre la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, ocurrida el 5 de abril de 2025 durante el festival Axe Ceremonia en el Parque Bicentenario cuando colapsó una estructura metálica dentro del recinto.
En días recientes circularon publicaciones y videos en plataformas digitales que señalan la presunta presencia de Diego Jiménez Labora, directivo vinculado a la empresa organizadora del evento, en reuniones sociales de alto perfil en la capital del país. Los mensajes dirigidos a la fiscal capitalina Bertha Alcalde, cuestionan que el empresario a pesar de ser mencionado en reportes previos sobre las líneas de investigación continúe su vida pública mientras el caso no ha concluido judicialmente.
Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial reciente de la fiscalía que confirme nuevas medidas cautelares o resoluciones judiciales derivadas de esos señalamientos en redes. Autoridades han reiterado en comunicados previos que el caso sigue abierto y que se investigan responsabilidades tanto de personas físicas como de empresas involucradas en la logística, montaje de estructuras y seguridad del festival.
Familiares de las víctimas y organizaciones de periodistas han insistido en que el proceso ha sido lento y han solicitado transparencia en los peritajes técnicos, así como claridad sobre la cadena de decisiones que permitió la instalación de la estructura que colapsó. También han pedido que no haya trato preferencial para ningún posible implicado.
Especialistas en derecho advierten que la difusión de acusaciones en redes no sustituye resoluciones judiciales y subrayan que toda responsabilidad debe determinarse mediante proceso legal. Mientras tanto, el caso continúa siendo un punto de presión pública sobre las autoridades de procuración de justicia y sobre la regulación de eventos masivos en espacios concesionados.
