Lo que comenzó como un secuestro atribuido al crimen organizado terminó convirtiéndose en uno de los casos más polémicos de presunta corrupción institucional en México, al confirmarse que los responsables no eran integrantes de un grupo criminal, sino elementos activos de la Guardia Nacional, quienes fueron absueltos por un juez, en una decisión que hoy es duramente cuestionada.
Los hechos ocurrieron el 11 de octubre de 2023 en San Martín Texmelucan, Puebla, cuando Luis Javier N., elemento activo de la Guardia Nacional, y Rogelio Sergio N., exmilitar, irrumpieron armados en un negocio propiedad de Santiago, haciéndose pasar por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Dentro del local también se encontraba Fredy, amigo del dueño. Ambos fueron sometidos, atados con cinturones y obligados a comunicarse con sus familiares para exigir un rescate de 50 mil dólares a cambio de su liberación.
Durante las llamadas, los captores utilizaron amenazas y presión psicológica para acelerar el pago, mientras aseguraban pertenecer a una organización criminal de alto impacto. Sin embargo, la intervención de la policía municipal permitió la detención de los presuntos secuestradores, quienes fueron presentados ante las autoridades bajo la sospecha de estar vinculados con el crimen organizado.
La versión dio un giro inesperado cuando, tras su identificación, se confirmó que dos de los detenidos pertenecían o habían pertenecido a las fuerzas armadas. La revisión de cámaras de videovigilancia reforzó esta línea, pues reveló que el vehículo Jetta en el que se trasladaron los agresores estuvo escoltado en todo momento por la patrulla 28098 de la Guardia Nacional, adscrita a la 238 Compañía del Tercer Batallón, con sede en Texcoco, Estado de México. Dicha unidad era tripulada por otros seis agentes de la corporación.
La investigación permitió establecer que, además de Luis Javier N. y Rogelio Sergio N., también estaba involucrado el comandante de la Guardia Nacional Obed N., quien se encontraba al mando de la patrulla y de una de las armas utilizadas durante el secuestro. Asimismo, fue imputada una cuarta persona identificada como Javier N., presuntamente vinculada con la delincuencia local, señalada por proporcionar información clave sobre las víctimas para planear el delito.
Santiago relató que fue sometido con violencia, amenazas constantes y presión psicológica, situación que le generó secuelas emocionales severas. Tras lo ocurrido y ante el temor por su seguridad, decidió abandonar el país, al considerar que su vida corría peligro, especialmente luego de confirmarse la implicación de agentes del Estado en el delito.
A pesar de las pruebas recabadas, el juez de la Oralidad regional Puebla, Celestino Martínez Bones resolvió absolver a los acusados del delito de secuestro agravado, decisión que generó una fuerte indignación pública. Tras este fallo, el juez enfrenta una denuncia ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Puebla, donde se analiza su actuación y la legalidad de su resolución.
En paralelo, las víctimas también denunciaron la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la que acusan de cerrar su queja mediante una conciliación impuesta y opaca. De acuerdo con los afectados, la CNDH dio por concluido el expediente bajo un supuesto acuerdo conciliatorio del cual desconocen los términos, asegurando que nunca fueron informados, no participaron en ninguna negociación y no firmaron documento alguno.
Las víctimas señalaron que la CNDH determinó de manera unilateral que los hechos no constituían una violación grave a los derechos humanos, sino únicamente una falta administrativa, lo que permitió evitar la emisión de una recomendación formal contra la Guardia Nacional. Denunciaron que esta decisión representa un acto de revictimización y una forma de encubrimiento institucional, al tratarse de un secuestro cometido por agentes armados del Estado.
Actualmente, el proceso judicial continúa abierto en distintas vertientes. Rogelio Sergio N. ya se encuentra en libertad, mientras que Luis Javier N. permanece privado de la misma debido a que enfrenta otra causa penal por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. En tanto, el comandante Obed N. enfrentará una audiencia derivada de las investigaciones de la Fiscalía General de la República, luego de que fuera detenido en Panamá en 2024 tras permanecer prófugo de la justicia. El cuarto implicado, también identificado como Javier N., continúa en prisión y es señalado como la persona que habría proporcionado la información clave para planear el secuestro y la extorsión, ya que se confirmó que conocía previamente a las víctimas.
La Fiscalía tiene hasta el 20 de febrero para apelar la sentencia absolutoria. De concretarse, se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura y una denuncia ante la propia Fiscalía para que se investigue el actuar del juez Celestino Martínez Bones.
