El rechazo a la nueva Ley de Transparencia propuesta en Sinaloa escaló este martes durante la mesa de diálogo convocada por el Congreso del Estado, donde colectivos ciudadanos, organizaciones civiles y especialistas exigieron desechar por completo la iniciativa impulsada por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, al considerar que representa un retroceso en materia de acceso a la información pública y combate a la corrupción.
La discusión se realizó en el Congreso local durante una reunión de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana. Desde el inicio del encuentro, asistentes cuestionaron que el ejercicio no fuera denominado formalmente como Parlamento Abierto, pues señalaron que bajo el formato de “mesa de diálogo” las opiniones ciudadanas no tendrían carácter vinculante para la elaboración del dictamen legislativo.
La tensión aumentó cuando el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Sinaloa, Rodolfo Valenzuela, aclaró que el objetivo del encuentro no era discutir si la iniciativa debía retirarse o no, sino únicamente recopilar propuestas y observaciones para enriquecer el análisis legislativo.
“La finalidad de esta reunión no es determinar si se desecha la iniciativa, sino escuchar opiniones y propuestas” sostuvo el legislador ante los asistentes.
La postura provocó inconformidad inmediata entre representantes de organizaciones civiles, quienes insistieron en que el proyecto no debe modificarse ni corregirse, sino eliminarse completamente y comenzar un nuevo proceso de elaboración.
Uno de los posicionamientos más contundentes fue el del activista José Miguel Taniyama, quien pidió desechar la propuesta actual y construir una nueva legislación mediante un órgano ciudadano y técnico.
“Mi propuesta es que se deseche la iniciativa del gobernador Rocha y que se escoja un órgano colegiado de expertos entre ciudadanos y ustedes, los diputados, y se trabaje en una nueva iniciativa” expresó durante la reunión.
Diversas organizaciones participantes coincidieron en calificar la propuesta como una “Ley Tapadera”, argumentando que la reforma limitaría el acceso a información pública relacionada con inversiones y manejo de recursos, ampliaría los plazos de respuesta a solicitudes de transparencia y permitiría mayores márgenes para reservar información vinculada con posibles casos de corrupción.
También señalaron que la iniciativa contempla cambios que reducirían los mecanismos de vigilancia institucional, al excluir organismos garantes en municipios y partidos políticos, lo que, advirtieron, concentraría el control de la información en menos instancias y dificultaría la rendición de cuentas.
La polémica ocurre en medio del debate nacional sobre las reformas a los sistemas de transparencia impulsadas tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, aprobada a nivel federal dentro del paquete de reformas promovidas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Diversos estados, incluido Sinaloa, comenzaron procesos de armonización legislativa para adecuar sus leyes locales al nuevo esquema federal.
En el caso sinaloense, críticos de la iniciativa sostienen que la propuesta del gobierno estatal aprovecha la desaparición de organismos autónomos nacionales para reducir contrapesos y limitar el acceso ciudadano a información sensible sobre gasto público, contratos y decisiones gubernamentales.
