Frida M., exsecretaria general de la Policía Federal, y Damián C., extitular de la División de Inteligencia de la misma corporación, fueron sancionados con inhabilitaciones de hasta 20 años y multas millonarias, debido a su vinculación con el desvío de más de 65 millones de dólares que fueron destinados a un contrato con la empresa Rafael Advanced Defense Systems en 2015.
De acuerdo con la información de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los exfuncionarios también enfrentan investigaciones penales por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
La resolución sobre la inhabilitación de los sujetos fue emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el que se definió que durante 20 años Frida no podrá ocupar cargos públicos y deberá cubrir una indemnización económica, mientras que Damián fue sancionado con 15 años y multas económicas.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dijo que la investigación de este caso permitió el hallazgo de faltas administrativas graves cometidas por los dos exservidores públicos mientras se desempeñaban en la extinta Policía Federal.
La información oficial apuntó a que el dinero estaba destinado al cumplimiento de diversas obligaciones establecidas en un contrato firmado entre la Policía Federal y la empresa Rafael Advanced Systems LTD, con fecha de diciembre de 2015. En él se contempló la prestación de servicios especializados en materia de seguridad e inteligencia.
La Secretaría Anticorrupción detalló que se encontró que estos recursos fueron desviados de su finalidad original a través de operaciones irregulares que realizó la corporación federal con ayuda de Frida y Damián.
Se indicó que la Unidad de Combate a la Impunidad, adscrita a la Secretaría Anticorrupción, documentó diversas anomalías financieras y administrativas que fueron suficientes para avalar el procedimiento de sanción contra ambos exfuncionarios públicos.
Sobre las acusaciones penales que enfrentan ante la FGR, se confirmó que las investigaciones ministeriales relacionadas con el desvío de dinero del erario público están abiertas. Aunque la autoridad no ha informado sobre la existencia de órdenes de aprehensión en su contra, el caso podría derivar en responsabilidades penales que dependerán del desarrollo de las indagatorias ministeriales y financieras que realice la Fiscalía.
En un comunicado, la Secretaría Anticorrupción resaltó que “Quien se corrompe en el ejercicio de una función pública traiciona la confianza del pueblo y debe enfrentar consecuencias”.
Este caso volvió a poner bajo escrutinio público el funcionamiento de la entonces Policía Federal, pues en los últimos años se han realizado diversas investigaciones que han revisado decisiones administrativas, adquisiciones tecnológicas y contratos millonarios relacionados con la cooperación federal.