A siete años del ataque armado en Amatán, integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA-MN) y organizaciones como el Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban” han intensificado su exigencia de justicia por los asesinatos de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez.
Este 19 de enero activistas se concentraron frente al Poder Judicial de la Federación en Tuxtla Gutiérrez para solicitar audiencia con autoridades judiciales y evitar que el expediente sea cerrado, tras denuncias de que órdenes de aprehensión siguen sin ejecutarse y que los presuntos responsables continúan en libertad.
El caso se remonta a 17 de enero de 2019, cuando un grupo armado irrumpió en un plantón de protesta del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán, secuestrando a Noé y José, quienes fueron posteriormente encontrados sin vida y con señales de tortura tras ser desaparecidos durante la madrugada. Activistas y familiares han denunciado desde entonces que este ataque armado está vinculado a intereses de poder local y al cacicazgo ejercido por figuras políticas de la región, entre ellos los hermanos Carpio Mayorga, quienes han sido señalados como presuntos autores materiales o intelectuales del crimen.
Noé Jiménez Pablo era un líder comunitario comprometido con la defensa de derechos campesinos, la lucha por servicios básicos y justicia social en su región. José Santiago Gómez Álvarez también se desempeñaba como activista del mismo movimiento, participando en acciones colectivas por el bienestar de sus comunidades. Ambos hombres eran parte de organizaciones que enfrentaban la influencia de grupos con poder político local y denunciaban prácticas caciquiles que afectaban a la población.
A lo largo de los años, diferentes episodios del proceso judicial han evidenciado irregularidades e impunidad, incluidos casos en los que personas señaladas han sido liberadas tras su detención, a pesar de que existen órdenes de aprehensión sin ejecutar y sin que se haya dictado sentencia firme.
Familiares, defensores y activistas han insistido en que, además de recuperar la verdad del caso y sancionar a los responsables, se debe brindar reparación y reconocimiento del daño a las comunidades afectadas, así como garantizar condiciones que permitan la protección de quienes defienden derechos humanos en contextos de riesgo
