El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta una acusación federal en Estados Unidos por su vinculación a delitos de tráfico de drogas y conexos de armas. El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrance C. Cole, también expusieron una denuncia en contra de otros nueve funcionarios relacionados con el narcotráfico, uno de ellos vinculado al secuestro de una fuente de la DEA y de sus familiares.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) aseguró que Rocha Moya y los otros presuntos señalados conspiraron con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de sustancias ilícitas al país vecino, a cambio de apoyo político y sobornos. Se mencionó que el caso fue designado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
En el documento se aseguró que todos los acusados son funcionarios públicos de alto rango de la actualidad o de anteriores administraciones. De acuerdo con la acusación, cada uno de ellos participó en una “conspiración corrupta y violenta de narcotráfico” para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina de México a Estados Unidos.
Entre las acciones de los acusados, desempeñaban funciones esenciales para el Cártel de Sinaloa, entre ellas: presuntamente protegieron de investigaciones, arrestos y enjuiciamientos a los líderes de la organización criminal; proporcionaron información confidencial de las fuerzas del orden y del ejército; ordenaron la protección de cargamentos de droga; y permitieron que los miembros del cártel cometieran actos de violencia brutal. Tras realizar todas estas funciones, los acusados recibieron colectivamente millones de dólares por colaborar con el grupo delictivo.
Las autoridades estadounidenses señalaron que Rocha Moya y los otros acusados abusaron de sus posiciones de autoridad para facilitar las operaciones, específicamente de la facción de “Los Chapitos”, conformada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, quien fungía como líder del Cártel de Sinaloa.
Se señaló que esta facción del cártel ayudó a Rocha Moya a llegar a la gubernatura del estado de Sinaloa en noviembre de 2021, pues secuestraron e intimidaron a los rivales del ahora gobernador de la entidad federativa. Debido a esto, Rocha Moya permitió que “Los Chapitos” actuaran con impunidad en Sinaloa.
Por otro lado, en el documento se detalló que los diez acusados enfrentan una posible pena de cadena perpetua o, mínimo, 40 años de prisión. Se presume que todos los acusados residen actualmente en México.
Los otros nueve acusados son:
Enrique Inzunza Cazarez, exsecretario General de Sinaloa
Enrique Diaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
Damaso Castro Zaavedra, subprocurador de la Fiscalía Estatal de Sinaloa
Marco Antonio Almanza Aviles, exjefe de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal
Alberto Jorge Contreras Nunez, exjefe de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal
Gerardo Mérida Sánchez, ex Secretario de Seguridad Pública
José Antonio Dionisio Hipolito, ex Subdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
Juan De Dios Gamez Mendivil, senador y ex Secretario General de Sinaloa
Juan Valenzuela Millan, excomandante de la Policía Municipal.
A este último se le acusó de ayudar a “Los Chapitos” a secuestrar a una fuente de la DEA y a un familiar que posteriormente fueron torturados y asesinados, pues presuntamente la fuente proporcionaba información al gobierno sobre la facción del cártel.