Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, abandonó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, tras permanecer tres meses privado de su libertad debido a la acusación federal que lo relacionó con una presunta red de conspiración con vínculos con la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa. El cambio en su situación legal abrió una hipótesis sobre una posible colaboración con las autoridades de Estados Unidos.
De acuerdo con la información de la ficha pública 62685-512, el exservidor público sinaloense dejó de aparecer bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP), desde el pasado 11 de agosto. Este cambio no representa una liberación de la acusación en su contra, pues aún no existe un documento judicial que lo confirme.
Las autoridades estadounidenses han advertido que un imputado que deja de estar a cargo del BOP podría encontrarse a cargo bajo responsabilidad de otra institución de justicia de ese país, en libertad supervisada o en otro tipo de detención.
El exsecretario de Seguridad de Sinaloa permanecía en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde el 11 de mayo, después de que se entregó a las autoridades de Estados Unidos, al ingresar al país por la frontera de Arizona. Mérida Sánchez fue imputado por el Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados a narcotráfico y de posesión de armas.
El exservidor públicomexicano tenía una audiencia prevista para el pasado 4 de agosto, sin embargo, esta fue aplazada por la jueza Katherine Polk Failla sin que se estableciera una fecha en específico. La modificación en su ficha pública ocurre en medio de este contexto de su proceso.
Conforme a lo anterior, diversas versiones apuntaron a que Mérida Sánchez posiblemente se encuentra colaborando con fiscales de Estados Unidos y así, poder negociar beneficios sobre su proceso y situación penal. Sin embargo, hasta el momento no se han confirmado ninguna de estas versiones.
El proceso de Gerardo Mérida Sánchez forma parte de una investigación más amplia del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos, el ahora gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Además se realizó al senador Enrique Inzunza Cázarez y al presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
En la lista, también se incluyó a Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa; Dámaso Castro Saavedra, visefiscal del estado; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación; Alberto Jorge Contreras Núñez, también exjefe de la Policía de Investigación; José Antonio Dionisio Hipólito, subdirector de la Policía Estatal; y Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.
El Departamento de Justicia sostuvo en sus acusaciones que este grupo de funcionarios habrían actuado en sus cargos en beneficio de la organización criminales para que esto pudieran operar con mayora facilidad en la entidad federativa.