Familiares de presos políticos en Venezuela que desde la tarde del sábado 14 de febrero mantenían una huelga de hambre frente a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas, conocida como Zona 7, comenzaron a sufrir graves descompensaciones físicas tras más de 30 horas sin ingerir alimentos, mientras exigen la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos que aún permanecen privados de libertad.
La protesta, protagonizada mayoritariamente por una decena de mujeres familiares de los presos, inició el sábado alrededor de las 6 de la tarde (hora local) y se organizó sobre colchonetas frente al acceso a las instalaciones policiales. La acción se produce en medio de un contexto de creciente presión pública por las liberaciones de personas consideradas detenidas por razones políticas en el país, así como del aplazamiento del debate de una ley de amnistía en la Asamblea Nacional que podría facilitar excarcelaciones.
Durante la protesta, varias de las mujeres comenzaron a mostrar signos de deterioro físico severo. Una de ellas, identificada como Carolina Carriso, presentó náuseas, vómitos, mareos, temblores y desvanecimientos tras más de 30 horas sin comer, y otra manifestante se desmayó en dos ocasiones y se descompensó al intentar levantarse, según reportaron medios y organizaciones que acompañan la protesta. Otra de las participantes sufrió dolores de cabeza y alteraciones en su presión arterial, y durante la noche recibió suero por vía intravenosa para intentar estabilizar su salud.
Los familiares han denunciado además que algunos de los presos que también se declararon en huelga de hambre dentro de Zona 7 estarían siendo obligados por las autoridades a ingerir alimentos bajo amenazas de castigo, como el traslado a celdas de castigo conocidas como “tigritos”, una acusación que no ha sido oficialmente desmentida por las autoridades pero que ha sido difundida por organizaciones civiles.
El detonante inmediato de la huelga fue el retraso en la aprobación de una Ley de Amnistía que, según declaraciones oficiales, permitiría la liberación de los detenidos por razones políticas. El pasado 6 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró que la liberación de “todos” ocurriría una vez aprobada la ley y señaló que esto podría concretarse a más tardar el viernes 13 de febrero. Sin embargo, ese día no se produjo la aprobación definitiva. El Parlamento aplazó el segundo y último debate para el jueves de la próxima semana, lo que generó frustración entre familiares y defensores de derechos humanos que esperaban una resolución inmediata.
En un video que circula en redes sociales, se observa a una mujer tendida sobre un colchón en plena vía pública, visiblemente debilitada y rodeada de personas que intentan auxiliarla, mientras se escuchan llamados urgentes a servicios de emergencia. La manifestante viste una camiseta con la frase “Los presos políticos”, símbolo de la lucha que mantienen sus familiares.
Las mujeres han señalado que, aunque el gobierno ha liberado a un número de detenidos en las últimas semanas, esas excarcelaciones no son suficientes. Organizaciones como Foro Penal reportan que centenares de presos políticos han sido liberados recientemente, pero aún quedan muchos encarcelados, y las familias exigen que el proceso se complete con la libertad de todos.
La opositora María Corina Machado se pronunció sobre la situación a través de la red social X, señalando que “No descansaremos hasta liberar a cada uno de los nuestros”, en referencia a los presos políticos y a las condiciones de quienes protestan. Su mensaje fue retomado por otros sectores de la oposición, que responsabilizaron al gobierno de cualquier daño que sufran las familias que están en protesta extrema.
La huelga de hambre de los familiares se inscribe en un contexto más amplio de demandas por la liberación de presos políticos en Venezuela, reclamos por el respeto a los derechos humanos en los centros de detención y la presión nacional e internacional para que se avance en la reconciliación y la protección de quienes consideran injustamente encarcelados.
