Treinta años después de Lomas Taurinas, el nombre de Jorge Antonio Sánchez Ortega volvió a un expediente judicial. El domingo 9 de noviembre fue trasladado al penal del Altiplano, acusado de ser el presunto segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. La orden la firmó el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de Toluca. La hora quedó asentada en actas: 11:50 de la mañana. Desde ese minuto empezó a correr el plazo para definir su situación jurídica.
El caso es un regreso que pesa. Sánchez Ortega fue agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, destacado en Tijuana en 1994. Esa tarde del 23 de marzo estaba en la zona del mitin de Colosio. Horas después, su chamarra blanca —manchada de sangre— y una prueba positiva de rodizonato de sodio lo colocaron entre los primeros detenidos. Salió libre días más tarde. El expediente cerró su nombre sin acusación formal. Tres décadas después, la Fiscalía decidió abrirlo de nuevo.
El nuevo pliego de consignación supera las nueve mil fojas. Incluye once tomos, cuarenta y tres anexos y un disco duro con peritajes digitalizados. Es la tercera vez que la FGR intenta obtener su captura. Las dos anteriores fracasaron. En noviembre de 2023 y enero de 2024, el juez Jesús Chávez Hernández rechazó la solicitud por falta de elementos y por lo que calificó como “indicios endebles y tardíos”. Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación confirmaron el criterio. Pese a ello, la Fiscalía volvió a intentar.
El viernes 7 de noviembre el juez Niño Jiménez emitió la nueva orden. La Policía Federal Ministerial ejecutó el arresto al día siguiente en Tijuana, Baja California. Sánchez fue localizado en una casa de la colonia Libertad. No hubo resistencia. Lo subieron a una camioneta sin sirenas y lo trasladaron a Toluca en un avión oficial. Al llegar pasó revisión médica y fue internado en una celda de observación del Altiplano. A las ocho de la noche compareció por videoconferencia ante el juez. No declaró. Pidió ver a su defensa.
La acusación actual se sostiene en dos pruebas. La primera es una declaración de Leticia Ortiz, compañera de trabajo de Mario Aburto en una fábrica de plástico de la Mesa de Otay. En 1998 dijo que Aburto recibía visitas de un hombre que no era empleado del lugar. Veinticinco años después identificó en una fotografía a Sánchez Ortega como esa persona. Esa frase y esa fotografía son hoy la base de la hipótesis del segundo tirador.
El segundo punto del expediente lleva fecha del 11 de marzo de 2023. Ese día, peritos federales revisaron la chamarra blanca que Sánchez vestía en Lomas Taurinas. El laboratorio detectó una sola partícula con restos de plomo, bario y antimonio en la manga izquierda. Una única traza. El resultado no prueba que haya disparado, pero la Fiscalía lo considera indicio de que estuvo a centímetros de un arma en uso.
Cuando el juez Chávez Hernández revisó el caso en 2023 y 2024, fue contundente: las pruebas eran insuficientes. Una declaración tomada después de veinticinco años carece de valor pleno, dijo, y un peritaje químico sin testigos ni registros visuales no ubica a nadie en la escena. El juez anotó que no existe video, fotografía ni evidencia forense que sitúe a Sánchez junto a la víctima. Por eso negó la captura en dos ocasiones.
Aun así, la Fiscalía insistió. Pidió una nueva revisión de la prenda y la ampliación de los estudios de residuos metálicos. Argumentó que los análisis de 1994 se hicieron con tecnología limitada y que los avances actuales permiten obtener resultados más precisos. Con esos argumentos logró finalmente la orden de aprehensión.
Los abogados de Sánchez ya pidieron acceso a los once tomos de la investigación. Anunciaron que solicitarán un nuevo dictamen independiente sobre la chamarra y los residuos de disparo. La defensa afirma que no hay elementos nuevos. Sostiene que el expediente solo reúne copias de las mismas pruebas revisadas en los noventa. Recuerda que en el año 2000 la Procuraduría General de la República concluyó que Mario Aburto actuó solo y que no existían indicios de otro tirador.
Sánchez Ortega continúa internado en el penal del Altiplano. El juez resolverá antes del sábado si permanece detenido o recupera la libertad bajo reserva de ley. Hasta entonces, el caso seguirá en curso, con las mismas fojas, los mismos nombres y las mismas preguntas que hace treinta años no tienen respuesta.
