Después de que, a finales de abril, autoridades estadounidenses emitieron acusaciones en contra de diez funcionarios públicos de Sinaloa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció, el 20 de mayo, sanciones en contra de una docena de mexicanos y dos empresas debido a su relación con la actividad de lavado de dinero de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
En los últimos meses, Estados Unidos ha fortalecido su estrategia de combate al narcotráfico, pues recientemente declaró a los cárteles mexicanos como “agrupaciones terroristas extranjeras”, debido a que son generadores de violencia y atentan en contra de la salud de los ciudadanos de dicho país.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha detallado que las doce personas conforman dos redes vinculadas al Cártel de Sinaloa. La primera es liderada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, la cual se dedicaba al lavado de dinero que provenía de la venta ilícita de fentanilo en Estados Unidos. Por otro lado, Jesús González Peñuelas encabeza una organización que se dedicaba al tráfico de drogas y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la información de la autoridad estadounidense, Ojeda Avilés opera desde Sinaloa y ha coordinado la recolección de grandes cantidades de efectivo, para después facilitar la conversión de este a criptomonedas y transferirlo a “Los Chapitos”. El sujeto se convirtió en el principal lavador de dinero de este grupo del crimen organizado.
Además, Ojeda Avilés participó en la supervisión directa de importaciones hacia Estados Unidos de fentanilo, cocaína y metanfetamina. En dichas actividades, Jesús Alonso Aispuro Félix se encargó de gestionar las transferencias masivas de dinero proveniente del narcotráfico a través de direcciones de criptomonedas.
Otro de los socios de Ojeda es Rodrigo Alarcón Palomares, quien ha facilitado retiros de dinero en Estados Unidos. En 2024, el sujeto fue acusado con tres cargos de lavado de dinero y, en 2023, fue detenido en México debido a la posesión de armas y municiones.
En esta red también participa el empresario Alfredo Orozco Romero, quien se ha desempeñado como asesor de seguridad de Ojeda Avilés y cobrador de deudas por el envío de cocaína. El hombre opera las empresas Grupo Especial Mamba Negra, de seguridad, y Gorditas Chiwas, un restaurante mexicano. Dichas organizaciones son operadas por Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero, familiares del empresario.
La segunda red era liderada por Jesús González Peñuelas, quien fue acusado de producir y distribuir metanfetamina y heroína a Estados Unidos desde 2007, además de distribuir cocaína y fentanilo. En 2024, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ofreció una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su detención y, poco después, el Departamento de Estado ofreció una recompensa similar.
En la red de González Peñuelas están vinculados Castalujo Bojórquez Chaparro, que participaba en la producción de narcóticos, y Fredi Ismael García Sandoval, quien lavaba el dinero de dichos negocios ilícitos.
Además, Luis Arnulfo Moreno Zamora y Baltazar Sáenz Aguilar supervisaron el blanqueamiento del dinero y trasladaron efectivo de Estados Unidos a México. En el documento también se señaló a Noé de Jesús Castro Rocha, quien era un antiguo socio del líder de la red.
El Departamento del Tesoro informó que, como parte de la medida adoptada, los bienes e intereses patrimoniales de las personas designadas fueron bloqueados y tendrán que ser notificados a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.
Estas sanciones se dieron en un contexto marcado por tensión entre Estados Unidos y México debido a las imputaciones del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos, que también fueron imputados por tener vínculos con “Los Chapitos”.
Hace unos días se informó sobre la entrega voluntaria de Gerardo Mérida Sánchez y de Enrique Díaz Vega, a pesar de que la mandataria había expuesto que solo se ejecutarían las órdenes de aprehensión en contra de los imputados hasta que se tuvieran las pruebas completas.