Durante una audiencia de la Cámara de Representantes, un alto funcionario estadounidense del Departamento de Estado declaró que México tiene que reforzar su Poder Judicial y tomar medidas para que la población confíe de nuevo en este sistema. La declaración se dio en el contexto de la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el que uno de los principales temas a tratar son las inversiones extranjeras en el país.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, señaló en la audiencia del 16 de abril que se le ha expuesto al Gobierno mexicano la necesidad de que se cuente con jueces independientes e imparciales ante los inversionistas en el país, con el fin de proteger el sistema financiero de ambos países.
La preocupación del Gobierno de Estados Unidos llegó después de que en México se aprobó la Reforma al Poder Judicial, en la que se estipuló que la elección de jueces, ministros y magistrados en el país estará sujeta al voto popular.
La iniciativa fue impulsada por Morena con el objetivo de combatir la corrupción dentro del sistema judicial; sin embargo, la reforma ha sido criticada, pues se advirtió que, debido a que los candidatos deben hacer campaña electoral, el Poder puede sufrir pérdida de independencia, politización de la justicia y riesgos en el Estado de derecho.
Michael Kozak expuso que le ha manifestado al Gobierno mexicano que, si busca atraer nuevas inversiones al país, debe restablecer la confianza de la población hacia el Poder Judicial. Detalló que, junto con la comunidad de inversionistas estadounidenses, se le solicitó a México que cuente con jueces “calificados, independientes y que no estén en el bolsillo de los cárteles o de cualquier otro actor”.
Agregó que el mecanismo de la elección de funcionarios del Poder Judicial a través de votos no es en sí mismo contrario a lo establecido en el Estado de derecho, pues en distintas regiones de Estados Unidos también se sigue este esquema; sin embargo, las autoridades mexicanas deben garantizar la correcta implementación de la reforma.
¿Cómo repercute el Poder Judicial en los inversionistas?
Desde que se aprobó la Reforma al Poder Judicial, se advirtió que esta podría generar incertidumbre jurídica en algunos inversionistas del extranjero. Esto debido a que la certeza jurídica y el Estado de derecho de un país impactan directamente en la toma de decisiones a largo plazo.
Mientras un sistema judicial “imparcial” ayuda a garantizar el cumplimiento de contratos y busca proteger los derechos de propiedad, un sistema que es percibido como “politizado” incrementa los riesgos financieros en el país y frena la inversión, ya que se genera incertidumbre sobre el funcionamiento del Poder Judicial. El marco jurídico es crucial en México para atraer inversiones y cumplir con lo establecido en el T-MEC.
Sobre lo que señaló Kozak, de que los jueces deben permanecer fuera de las nóminas de narcotraficantes o líderes de grupos criminales, en 2025 se dio a conocer que, durante un periodo de tres años, el Poder Judicial otorgó beneficios a miembros de organizaciones delictivas. De 2022 a 2025, 72 líderes y operadores de organizaciones criminales obtuvieron su libertad en México; según la información, esto podría causar incertidumbre sobre la integridad judicial y la seguridad de inversiones en la revisión del T-MEC.
La revisión del T-MEC se llevará a cabo el 1 de julio de 2026, de acuerdo con lo estipulado en el mismo tratado, en el que se establecen revisiones automáticas. En el proceso de revisión, los tres países decidirán si es conveniente extender por otros 16 años el acuerdo, es decir, hasta 2042. De no ser renovado, el acuerdo tendrá que someterse a revisiones anuales durante los próximos 10 años.
Expertos en la materia han señalado que los gobiernos deben centrarse en la corrección de aspectos específicos para que el acuerdo logre continuar. No obstante, la situación actual de México sobre su sistema judicial ha generado incertidumbre respecto a las inversiones extranjeras que impulsa el T-MEC.