Debido a la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, las elecciones judiciales que se tenían previstas para 2027 podrían aplazarse hasta el 1 de junio de 2028. El 20 de mayo, la iniciativa de reforma fue entregada al Senado de la República por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia.
La iniciativa de reforma fue recibida por el senador Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta. Además, participaron la presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, y el coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal.
Con esta reforma, la presidenta propuso modificar la fecha de la elección al Poder Judicial, debido a que existen desafíos logísticos en las elecciones de 2027, ya que estas se llevarían a cabo el mismo día que se realizarían las comisiones ordinarias.
De acuerdo con la Constitución mexicana, dichas elecciones no pueden convivir en las mismas casillas, pues las judiciales no permiten la presencia de partidos políticos en las urnas, mientras que en las ordinarias se requiere de su presencia.
En el proceso judicial se elegirán a 4 magistrados electorales de Sala Superior del TEPJF, 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, 385 jueces de Distrito y, a nivel local, 424 magistrados y 2 mil 831 jueces.
El cambio de fecha no es el único cambio que plantea la reforma, pues también se propuso que se realice una reducción en el número de candidaturas que aparecerán en la boleta electoral, esto para agilizar y facilitar el proceso de votación, así como brindar a la ciudadanía una forma más sencilla de elegir a jueces y magistrados.
Alcalde explicó que también se simplificará la boleta electoral, se podrán realizar las elecciones judiciales y ordinarias en la misma ubicación, el escrutinio y cómputo de votos se hará en las casillas donde fueron sufragados, se adelantará tres días el plazo del Senado para emitir la convocatoria general y se crearán dos secciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que puedan desahogar asuntos menores, para que el Pleno haga de manera eficiente sus labores.
El jueves 21 de mayo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocará a un periodo extraordinario de sesiones del Senado y la Cámara de Diputados para efectos de aprobación de la reforma constitucional.
A pesar de que la iniciativa de reforma fue impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en días anteriores, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) presentó una acción declarativa ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que solicitó de manera formal que se pospongan las elecciones judiciales de 2027, al celebrarse al mismo tiempo que las elecciones ordinarias de distintas entidades federativas. El CNLE advirtió que se trata de una contradicción constitucional.
Dicho consejo puntualizó, en su momento, que ambos procesos estarán a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que señaló que no era posible que se lleven a cabo dos procesos el mismo día en los que, en uno, se exige la participación de partidos políticos y, en otro, se prohíbe. Se señaló que la imposibilidad no es “operativa”, sino que se trata de una “incoherencia de rango constitucional” que vulnera algunos derechos.